El nuevo gobierno ha ofertado Paz Total. Ha dicho que llevará un proceso de diálogos y negociaciones con el ELN y que, con su compromiso firme de cumplir el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, resolverá la persistencia de ese archipiélago de grupos herederos de unas FARC que, de manera mayoritaria firmó la paz. Para completar, el nuevo gobierno se ha comprometido también a lograr un sometimiento del Clan del Golfo y todo ese mundo de mafias y herederos del viejo paramilitarismo.
Hoy la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra bajo control del ELN y otras estructuras armadas ilegales, las cuales mandan más y de manera más eficaz que las fuerzas armadas estatales. Hay amplia evidencia que demuestra el control efectivo que estas organizaciones tienen sobre el territorio, control particularmente notorio en Catatumbo y Arauca, pero que también se da sobre territorios del Cesar y La Guajira, donde la frontera es controlada por mafias e irregulares que imponen sus normas y acción autoritaria.
El control del ELN es más agudo en el Alto Catatumbo y ha crecido llegando incluso hasta ciertas zonas del área metropolitana de Cúcuta. Allí se ha librado una confrontación por la preeminencia en el área rural, lucha en la que el ELN ha ganado terreno a Los Rastrojos y grupos ligados al Clan del Golfo, los cuales han luchado por no perder este corredor importante para el narcotráfico, contrabandos y tránsito de armas y pertrechos que provienen del mercado venezolano, en el que históricamente ha existido oferta amplia para los ilegales colombianos. En Venezuela, ni antes del chavismo, ni en estos veintitrés años de revolución bolivariana, se ha logrado superar esta situación ligada a una amplia corrupción en las instituciones de seguridad, tema muy delicado a tener presente.
En Arauca se vive una intensa violencia que ha cobrado en lo corrido del año más de 300 vidas, lo que podría colocar la tasa de homicidio este año en una cifra de 150 homicidios por cien mil habitantes, o más alta. Una verdadera tragedia en un territorio que ha sido de los más victimizados en esta larga violencia.
La disputa en curso entre el ELN y las estructuras provenientes de las FARC tiene como razón central el uso del territorio: quién manda y cómo lo hace. Este año la disputa inició en enero, debido al enorme crecimiento de las estructuras de las FARC: nuevos combatientes, muchísimos recursos provenientes del narcotráfico, una amplia política de extorsión y una desbordada acción sobre territorios de presencia histórica del ELN.
Esto fue lo que leyó el Frente de Guerra Oriental del ELN y su estructura más importante, el Frente Domingo Laín, para tomar la decisión de abrir una confrontación que el 2 de enero dejo veintidós personas muertas de manera simultánea en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, y que a la fecha no se tiene certeza de cuántos de los más de 300 homicidios que van en Arauca corresponden a reales combatientes. De lo que se hay certeza es que muchos civiles han terminado en medio de esta terrible violencia y hoy están muertos, como es el caso del diputado a la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, quien fue asesinado el pasado 30 de junio y que varias versiones apuntan a que su muerte tiene relación con esta confrontación. Así hay por lo menos doce dirigentes sociales y comunitarios asesinados.
Si hoy se hace un recorrido en auto por las maltrechas vías de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, se verán sendas banderas del ELN y pancartas con mensajes alusivos a su presencia. Y son banderas instaladas de forma firme en pedestales nada improvisados, las cuales no llevan meses, sino por lo menos dos años, lo cual es una nueva evidencia de su amplio control en el territorio, en el que, por supuesto, hay presencia de la Fuerza Pública, pero confinada en sus puestos bien guarecidos. Aun así, el ELN cada dos semanas en los últimos cuatro años ha asesinado por acción de francotiradores a un miembro del Ejército o la Policía. En este cuatrienio presidencial han muerto en el Catatumbo cerca de cien militares y policías.
La política de Paz Total tiene enormes desafíos en la frontera Colombia-Venezuela. Afortunadamente vamos a volver al diálogo diplomático y a la construcción mancomunada de políticas. Allí está la posibilidad de avanzar en un proceso de paz con el ELN, con la más amplia participación de las comunidades, sus organizaciones y los gobiernos territoriales. Desde allí debe partir la construcción de una acción para tramitar los conflictos y los derechos conculcados por décadas en una zona de Colombia especialmente martirizada.
En la frontera Colombia-Venezuela se debe sentir en las próximas semanas que hay un nuevo aire, el aire democrático de un gobierno que viene a construir con las comunidades un territorio con derechos y en paz.
