Por: Ghina Castrillón Torres –Politóloga feminista. Pares-
Una vez mas el periodismo de este país genera vergüenza con la forma de abordar noticias como la retención de 66 militares por parte de la Guardia Campesina en San José del Guaviare, durante 72 horas hace unos días, estigmatizado y criminalizado al movimiento social y campesino.
Este incidente fue explicado por los líderes campesinos como un “cerco humanitario” destinado a exigir atención gubernamental y evitar confrontaciones en donde la población civil continue siendo afectada, y muchos medios de comunicación los señalaron como un secuestro, es decir que, se abordó con una narrativa que minimiza las demandas legítimas de las comunidades rurales y refuerza una peligrosa matriz de criminalización.
El mismo alcalde de San José del Guaviare quien estuvo en el lugar de la retención, en entrevista radial dijo que los soldados tenían en su poder el armamento y señaló que no había violaciones a los derechos humanos. Insistiendo, además, en que se debe hacer claridad sobre la intensión y desarrollo de la protesta pacífica desarrollada por la guardia campesina.
Si bien es innegable que en muchas regiones la población civil ha sido instrumentalizada y victimizada por grupos armados, calificar esta protesta pacífica de la guardia campesina como un secuestro, supuestamente ordenado por las disidencias, no solo atenta contra la legítima lucha social y campesina, sino que también pone en grave riesgo la vida de quienes participaron en ella. En este país, el periodismo criminaliza a las comunidades rurales, desacreditando sus demandas históricas y contribuyendo a la estigmatización, lo que casi justifica futuras represiones y acciones violentas en su contra.
Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la opinión pública, y en muchos casos, han contribuido a construir una imagen negativa de las organizaciones campesinas. Las declaraciones los líderes campesinos aclarando las razones de la protesta, fueron rápidamente desestimadas. Sin embargo, es necesario preguntarnos: ¿Por qué la exigencia de una mayor presencia estatal civil en la región no tiene la misma cobertura mediática que la retención de los militares?
El movimiento campesino ha demostrado una resistencia histórica en Colombia, enfrentando no solo la exclusión económica, la violencia y el despojo de tierras, sino también acusaciones infundadas de vínculos con grupos guerrilleros. Esta narrativa, que no solo criminaliza a las comunidades rurales, sino que también agrava las problemáticas del campo, debe ser firmemente rechazada por todo el movimiento social nacional.
Es urgente exigirles a los medios de comunicación que reflexionen sobre el impacto de sus palabras y el papel que juegan en la protección de la vida de los liderazgos sociales.
Necesitamos un cambio de enfoque. Los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad de informar proporcionando espacios para que las comunidades campesinas expresen sus demandas sin ser estigmatizadas. Por su parte, el gobierno debe comprometerse a garantizar la seguridad y protección de los liderazgos campesinos, quienes continúan luchando el reconocimiento de sus derechos. Estos líderes son fundamentales para la democracia y su protección es clave para avanzar hacia ese ideal de paz total.
