Que no nos vengan con cuentos trasnochados. La invocación del “derecho a la legitima defensa” para enfrentar los problemas de inseguridad en campos y ciudades no es ninguna novedad, es el expediente que cada cierto tiempo desempolva la derecha política aprovechando la indignación ciudadana y los miedos colectivos que producen cada atraco, cada homicidio o cada hecho violento. Como siempre, esta primitiva invocación a defenderse por mano propia, es presentada con un ropaje inofensivo y provista de los más nobles propósitos. Hasta hay quienes, como si estuvieran en sus “cabales”, se atreven a afirmar que la legitima defensa es para defender el derecho a la vida.
Ahora de nuevo el turno fue para el Partido Conservador en cabeza del Representante Juan Carlos Wills quien acaba de radicar el, para nada innovador, proyecto de ley que busca levantar las restricciones al porte de armas establecidos mediante decreto presidencial 0155 del 2016 por el entonces Presidente Juan Manuel Santos, disposición que se ha venido reiterando desde entonces año tras año, incluyendo el periodo del Presidente Iván Duque, y que ha sido ratificado por el Presidente Gustavo Petro con el decreto 2267 del 29 de diciembre del 2023. A Wills y a Congresistas como Polo Polo y María Fernanda Cabal no los convencen las evidencias de estudios sobre la materia como para desistir de este grotesco ataque de populismo. No se dan por enterados de estudios como el de “Epidemioloigic Revienws” realizado en 10 países por Santaella, Cerdá, Villaveces y Gaela que arroja el concluyente resultado de la disminución de la violencia interpersonal entre 1950 y 2014 en virtud de las restricciones al porte de armas. No hacen el mínimo esfuerzo por leer los estudios que revelan como el desarme ciudadano ha disminuido dramáticamente los feminicidios y la violencia intrafamiliar o los homicidios ocurridos en contextos de riñas en la vida cotidiana. Como tampoco les interesa conocer los datos de disminución de los homicidios hasta en un 22% en ciudades como Bogotá y Medellín por cuenta de estas restricciones.
Cuando lo que se requiere es legislar sobre restricciones severas al uso de armas traumáticas o armas blancas para promover la convivencia ciudadana y prevenir hechos de violencia derivados del uso de estas o cuando lo que se impone es perseguir las más de tres millones quinientas mil armas ilegales, a estos avezados congresistas solo se les ocurre proponer un arma legal por cada arma ilegal en el mercado entregada a los “ciudadanos de bien”. Vaya paradoja: Los defensores de un Estado Fuerte o de un Estado cuya única función sea la seguridad y la justicia, mientras lo demás se deja a merced de la “mano invisible del mercado”, de nuevo arremeten para acabar con el monopolio público de las armas y la seguridad. Se les hace agua la boca convirtiendo nuestras calles y sitios públicos en un gran campo de batalla con armas de fuego.
Como si fuera poco y haciendo parte del mismo libreto Pepe Lafourie y Fedegan en Valledupar acaban de anunciar la creación de los “Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera”, reedición de fórmulas que en la evidencia académica y en nuestra propia experiencia se revelan como contraproducentes para encarar la inseguridad en campos y regiones, pero sobre todo, nos recuerdan un reciente pasado violento que aún no terminamos de superar. Los testimonios de cientos de paramilitares, entre ellos Ex comandantes como Mancuso, nos recuerdan como comenzó su colaboración civil con las autoridades militares, la posterior creación de las tristemente célebres “convivir” amparadas legalmente y su rápida evolución hacia el paramilitarismo. Ante la desautorización del Ministro de Defensa Iván Velázquez a este peligroso experimento, Lafourie y sus áulicos le “recordaron” la existencia de más de 30 mil frentes de seguridad en todo el país, aunque peló el cobre cuando puso como ejemplo de la actuación eficaz de sus Frentes Solidarios Ganaderos la manera como integrantes de su gremio en decenas de camionetas hostigaron a campesinos sin tierra que ocuparon predios rurales en días pasados en el municipio de La Paz (Cesar) obligándolos a desalojarlos. Ello cuando el congreso de la república acaba de crear la jurisdicción agraria, precisamente para resolver por vías civilistas y legales los conflictos de tierras.
Aunque las cifras en ciudades como Bogotá registran desde el 2011 una disminución de la mayoría de los delitos de alto impacto, incluido el homicidio, o que las actuales cifras de violencia no son comparables con las que se presentaban en el país antes de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, es innegable un aumento de la zozobra y el miedo por cada hecho violento cuya ocurrencia ponga en tela de juicio la promesa de paz total en el imaginario ciudadano. Pero los formuladores de política pública y los formadores de opinión pública no debemos olvidar que estamos en presencia de un tipo de violencia derivada de mercados criminales y sofisticadas y complejas organizaciones multicrimen de alcance transnacional. Esa mutación de la violencia no se superará con viejas recetas que nos proponen jugar al pistolero loco. Seamos serios.
