El próximo viernes la Universidad Popular del Cesar (UPC) llevará a cabo el quinto módulo de la Cátedra Libre de Historia Regional Álvaro Araújo Noguera’.
Es una cátedra nueva, que lleva el nombre del fallecido patriarca de una de las familias tradicionales del poder del Cesar, que perdió casi todo su poder después de que dos de sus herederos se aliaron con los paramilitares del Bloque Norte.
La cátedra, virtual y gratuita, la promovieron el profesor Rodolfo Ortega y el excongresista, Álvaro Araújo Castro, hijo de Araújo Noguera, y quien tras ser condenado por parapolítica a nueve años de prisión pagó cuatro en la cárcel.
Además de contar con la presencia de importantes pensadores del Caribe como Adolfo Meisel, Jaime Bonet o Tomás Darío Gutiérrez, el propio Araújo Castro dictará con Ortega la cátedra ‘El Cesar, la política y el vallenato’.
Eso quiere decir que va a dar una cátedra sobre política quien fue elegido con alianza de los mismos paramilitares de cuya violencia la universidad ha sido oficialmente reconocida como víctima.
Una caída…
Los Araújo eran poderosos en el Cesar desde cuando era parte del Magdalena, y Araújo Noguera fue clave en la fundación del departamento cuando era secretario de Hacienda del Magdalena.
Luego fue ministro de Agricultura de Alfonso López Michelsen y durante varios años senador liberal, pero perdió la investidura y empezó a caer en desgracia. Falleció en marzo.
El poder era familiar.
Su hermana Consuelo, ‘La cacica’, fue gestora del Festival de la Leyenda Vallenata, que impulsó López, ministra de Cultura de Andrés Pastrana y terminó asesinada por las Farc en 2001; la familia es cercana al expresidente Álvaro Uribe y María Consuelo, hija del patriarca y quien se ha forjado una carrera propia, fue ministra de Cultura y Canciller de Uribe en su segundo periodo presidencial.
Como contamos, habían perdido mucho poder desde 2010. Ese año Álvaro Araújo Castro, entonces senador e hijo y heredero político del patriarca, fue condenado por alianzas con los paramilitares del Bloque Norte de las AUC para llegar al Senado; Hernando Molina Araújo, sobrino del patriarca, fue condenado por hacer lo mismo para llegar a la Gobernación.
Después de esas condenas y de estar fuera de la escena pública, la llegada del uribismo al poder los reencauchó.
Hoy la cabeza política más visible de la familia es Sergio Araújo Castro, hermano de Alvarito y quien ha hecho política en el uribismo: entre otras, fue su candidato a la Alcaldía de Valledupar en 2015 y al Senado en 2018.
De su mano ha revivido el poder de los Araújo, especialmente en la UPC: puso rectora en diciembre del año pasado y, desde entonces, han llegado uribistas a los cargos más importantes del alma máter.
… y un regreso
La universidad ha sido un botín político tradicional por su presupuesto de 84 mil millones, sus contratos y sus 16 mil estudiantes. Estaba en poder del cuestionado clan Gnecco, tradicional rival de los Araújo, en manos del rector Enrique Meza, pero su período finalizó en julio del 2019. Y ahí quedó abierta la posibilidad de rebarajar ese poder.
Por estatutos, cuando haya candidatos, el Consejo Superior (que tiene nueve miembros, puestos por los gobiernos nacional y local, el sector productivo, los profesores, estudiantes y egresados) debe hacer una consulta entre estudiantes, profesores y egresados, para luego elegir solo entre los cinco más votados.
El primer intento para hacer la consulta fue el 16 de octubre, con una innovadora votación virtual, pero el sistema falló.
Por eso, convocó a votar el 28 de noviembre, de manera presencial para estudiantes y profesores y virtual para egresados.
Pero justo ese día hubo un corte de energía en las mesas de votación y, según consta en un acta del Consejo, hubo una “toma violenta de la sede por parte de individuos que promovieron la perturbación del certamen democrático”.
Ante eso, el Consejo decidió no hacer la consulta y elegir directamente al rector entre los nueve aspirantes.
Tres de los miembros del Consejo (el representante de los exrectores, Carlos Morón; de los egresados, Darwin Mannsbach; y de los profesores, Luis Durán) rechazaron esa decisión y no votaron.
En medio de la polémica, los otros seis integrantes eligieron a Darling Guevara, quien había sido profesora de la UPC y jefe de la oficina de Gestión Social de Valledupar nombrada por el entonces alcalde Freddys Socarrás, y a quien seis fuentes de la Universidad señalan como ficha de Sergio Araújo, una cercanía política que señalan medios locales desde 2015.
Además, ella le hizo campaña a la Alcaldía y al Senado.
Por su parte, él la apoyó públicamente en campaña a la rectoría.
Araújo niega que Guevara sea cuota suya, subraya que él no hace parte del Consejo que la eligió y que no fue a la universidad a hacerle campaña.
Frente a los trinos con ese apoyo, responde “eso es Twitter, eso no pone votos. Si yo fuera determinante no estaría poniendo un trino para apoyarla sino que aparecería a su lado en la foto”.
Guevara también recibió el apoyo público del expresidente Uribe, algo que le agradeció Araújo
Ese apoyo de Uribe seguramente ayudó, pues entre los seis miembros del Consejo que la eligieron está Joaquín Manjarrés, representante del sector productivo y quien en su perfil de twitter señala que “Uribe es el gran colombiano”.
También votaron por ella la representante de los estudiantes, Alvy Ortiz, quien posó al lado de un cartel de la campaña de Guevara.
Liseth Serje, delegada por el presidente (y uribista) Iván Duque y quien aparece en una foto en el Instagram de Guevara en época de campaña.
Luis Gustavo Fierro, delegado del Ministerio de Educación.
Álvaro Mendoza, representante de las directivas académicas.
Jackeline González, representante del gobernador Franco Ovalle.
Después de la elección, la docente Nubia Stella Corredor demandó la decisión por la falta de consulta y el Consejo de Estado la suspendió en julio, por lo que quedó como rector encargado el secretario general de la UPC, Raúl Gutiérrez Maya.
El poder uribista
Gutiérrez Maya llegó a la secretaría general por decisión de Alexi Vidal, a quien el Consejo encargó de la rectoría entre la salida de Meza y la posesión de Guevara.
Guevara lo mantuvo en ese cargo, a la vez que contrató una asesoría por 40 millones de pesos con Gutiérrez & Maya Abogados, empresa que gerencia el papá del rector encargado.
Gutiérrez fue quien, como rector encargado, aprobó la cátedra ‘Álvaro Araújo Noguera’ y quien nombró de vicerrector administrativo, el segundo cargo más importante de la universidad porque se encarga de la ejecución presupuestal, a Jaime González, candidato a la Cámara por el Centro Democrático en 2018 en fórmula con Sergio Araújo.
La Universidad Popular del Cesar, de víctima de paras a bastión uribista_11 tomada de la cuenta de Twitter @JOHNBOLIVARCOS, con fecha 16 de enero de 2018.
Gutiérrez le dijo a La Silla que ha estado al margen de las actividades proselitistas y que nombró a González por su capacidad, no por esa militancia.
Antes de González, Guevara tuvo en ese mismo cargo a dos amigos de Sergio Aráujo que han hecho campaña al Centro Democrático: el exdirector de la Cárcel Judicial de Valledupar, Carlos Barriga, y la abogada Pierina Stummo.
Guevara hizo otros nombramientos importantes que se mantienen.
Como jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales, Guevara nombró a la exgerente de Mercabastos, Mailem Morón, quien también apoyó las campañas de Araújo e hizo parte del equipo logístico de la campaña presidencial de Duque en el Cesar.
El esposo de Morón, Nerio Alvis, fue veedor de la campaña de Guevara a la rectoría y coordinador electoral en la campaña de Duque en el departamento.
Morón y Alvis son amigos de Araújo y lo han apoyado en sus aspiraciones políticas.
Asimismo, en la seccional de la UPC en Aguachica, que tiene 2000 estudiantes, Guevera nombró como vicerrector administrativo a Anyelo Robles, excandidato a la Cámara por el Centro Democrático.
Sergio Araújo niega tener que ver con esos nombramientos.
Pone en duda, incluso, que sean personas cercanas (“Eso es arbitrario: que usted defina ‘cercanía’ y pase a hacer una analogía con nepotismo”, respondió), dice que los nombrados “son amigos de como tres o cuatro mil personas más en Valledupar”, y que hay militantes del Centro Democrático en todas las oficinas públicas y entes estatales.
En todo caso, esos nombramientos se suman a la nueva cátedra en honor al patriarca de un clan político que tuvo poder de la mano de los mismos paramilitares que desolaron a la Universidad.
Una universidad víctima
Entre 1987 y 2004 fueron asesinados cuatro profesores, tres estudiantes y dos egresados de la UPC, todos vinculados a movimientos sociales o a grupos de izquierda. Por eso, y a partir de las investigaciones de Orlando Carreño, investigador de la Fundación Centro de Memoria del Conflicto del Cesar, desde julio de 2017 la UPC es una de las tres universidades del Caribe incluidas en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva.
Carreño, miembro del comité de impulso de reparación colectiva de la UPC, demostró que en 1996 “el Frente Mártires del Valle de Upar (adscrito al Bloque Norte) ingresó a la Universidad Popular del Cesar, penetrando la institucionalidad, cooptando procesos administrativos y llevando la corrupción al interior de la institucionalidad”.
En 2006 se desmovilizó el Bloque Norte, y cesaron los asesinatos; y en 2016, Carreño y otros miembros de la comunidad de la UPC crearon un el comité de impulso a la reparación colectiva de la UPC, que ha liderado iniciativas para reconstruir el tejido social y recuperar la confianza.
Por ejemplo, lideró la pintada de un mural con el rostro de las nueve personas vinculadas a la universidad que fueron asesinadas, y que los estudiantes llamaron ‘Semillas de la UPC’, ha hecho eventos en el campus con las familias de las víctimas e hizo un informe que entregaron este año a la Comisión de la Verdad.
Mural en honor a las víctimas de la UPC
Algunos de sus integrantes sienten indignación con el cambio de poder, porque dos de los Araújo fueron condenados por alianzas políticas con el mismo bloque paramilitar que se infiltró en la universidad.
“En el poder hay personas que han tenido relaciones con los paramilitares que cooptaron la universidad. Tenemos miedo de que nuevamente se presenten hechos de violencia. Hasta ahora en lugar de impulsar la reparación, se han dedicado a repartir puestos y atacar estudiantes”, nos dijo el líder estudiantil y miembro del comité, Juan Sebastián Niño, que desarrolló ese punto en esta carta pública.
Dice que en redes sociales han intimidado y acusado de guerrilleros a estudiantes que protestan contra las malas prácticas que se dan en la universidad.
La cabeza del comité es Imelda Daza, exconcejala de la Unión Patriótica, que estuvo exiliada por 20 años por la violencia paramilitar y fue fórmula presidencial de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ en 2018.
“Con los nuevos rectores no nos hemos entendido porque no lo hemos necesitado y porque consideramos que para la elaboración del informe enviado a la Comisión de la Verdad no hacían falta porque ninguno iba a decir verdades; uno sabe que no tienen el criterio y la autonomía para obrar según su saber y entender”, le dijo Daza a La Silla.
Al preguntarle por hechos concretos, Daza puntualiza que los puentes están rotos y por eso no hay choques. Pero cuenta que hay detalles que, a su juicio, muestran desdén.
Por ejemplo, que en diciembre pidieron las actas de los consejos Superior y Académico, de 1997 a 2005, para armar el informe para la Comisión de la Verdad, y la respuesta fue que tenían que pagar 732 mil pesos para las fotocopias (algo que, en todo caso, es una norma de la universidad).
O que les han puesto problemas para reservar salones para sus encuentros. “Un día, el año pasado, dije ‘bueno, nos reunimos en mi casa y se acabó’, dijo Daza.
El comité, de hecho, se ha ido disgregando y perdiendo fuerza este año, justo cuando se ha dado el relevo de poder en la Universidad.
Un relevo que se hará más visible cuando Álvaro Aráujo Castro dicte su conferencia a inicios de diciembre. Tomado: La SillaVacia.com
