No se necesitaba ser adivino para saberlo. El Clan del Golfo terminó por envenenar la famosa “vaca” promovida por Uribe y el Gobernador de Antioquia Andrés Julian Rendón. Esta banda armada hizo publico sus aportes de por lo menos diez millones de pesos que habrían ingresado a la cuenta habilitada por la gobernación para esta cruzada, mezclando en las arcas publicas dinero manchado de sangre y coca con recursos limpios de ciudadanos de buena fe. Era previsible que la rabiosa colecta, cuyo propósito central era mostrarle los dientes al gobierno nacional con el pretexto de sustituir recursos de la nación con voluntarios aportes de los ciudadanos para la terminación de proyectos viales, terminara infiltrada por dineros de dudosa procedencia en un departamento con presencia histórica de estructuras criminales y economías ilegales.
Con el pasar de los días van quedando al desnudo muchas de las falacias que motivan este arrebato de regionalismo paisa. Nos habían dicho que era para la terminación de las vías 4G y el Túnel del Toyo ante los incumplimientos de compromisos del Gobierno Nacional en la financiación de dichas obras. Resulta que en el articulo 4 del decreto expedido por el Gobernador Rendón el pasado 22 de marzo, deja abierta la puerta para que los dineros recaudados puedan ser usados para otros “proyectos de infraestructura vial, orientados a mejorar la conectividad entre Antioquia y el resto del país” que no tendrían nada que ver con compromisos actuales del Ministerio de Transporte o Invias. El propio Ministro Willian Camargo aclaró que el tramo 2 del Túnel del Toyo a cargo del Invias tiene un avance del 79% de las obras y que durante el actual gobierno actual se suman aportes por 1.2 billones de pesos así: 190 mil en el 2022, 405 mil en el 2023, 304 mil en el 2024 y 309 mil en el 2025. Pero el “florero de llórente” de este debate fue la petición de 650 mil millones de pesos de sobrecostos para culminar la obra, que en todo caso el Presidente Petro aceptó finalmente costear desde la nación. El propio José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura reconoció en su cuenta de X “que los costos de materiales han aumentado, pues los presupuestos de esta obra se hicieron antes de la pandemia y de la guerra en Ucrania”, una manera “técnica” de justificar pagar mas por la misma obra.
Dudas jurídicas han puesto en entredicho a la famosa “vaca”. La Gobernación de Antioquia en el decreto del 22 de marzo invocó el articulo 355 de la Constitución Nacional, pero al revés, recordando a las entidades publicas se les prohíbe donar dineros en favor de particulares pero que “las entidades de derecho público pueden ser beneficiarias de la donación de bienes de otra entidad del Estado o de particulares”. Apeló ademas al articulo 1443 del código civil que “permite donaciones entre particulares” y al concepto 1495 del 2003 del Consejo de Estado que opina que la Constitución no prohíbe “expresamente” tales donaciones. Justificaciones legales que pretendieron responder al señalamiento del Presidente de la República que en su cuenta X cuestionando la “vaca” de Uribe y Rendón hizo alusión al articulo 316 del Código Penal que advierte que “quien desarrolle, promueva, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Si aceptamos la tesis en favor de la “vaca uribista” de una diferencia jurídica entre captación de dinero y donación, en todo caso lo más aconsejable es establecer un aporte voluntario tributario que debe ser avalado o recaudado por la DIAN en las declaraciones de impuestos con una destinación especifica para las obras a financiar. Expertos tributaristas opinan que en este caso, el de las 4G de Antioquia, los aportes tributarios voluntarios deben estar ligados al pago del impuesto de ganancia ocasional.
Ese fue el camino legal que ensayó con acierto el entonces Alcalde de Bogotá Antanas Mockus. Con el decreto 040 del 2002 Mockus autorizó a la Secretaría de Hacienda para ese mismo año gravable recaudar aportes voluntarios de los particulares en calidad de donación, equivalentes a un 10% adicional del valor de los impuestos (predial, vehiculos e Industria y Comercio) que resulte a cargo de los contribuyentes. Este decreto, replicado en las administraciones siguientes de la Capital, incorpora un listado específico de proyectos de dotación, infraestructura o política social sobre los cuales el ciudadano elige el destino de su aporte voluntario. Sin embargo, la legalidad, transparencia y equidad de este ejercicio no alcanzaron para impedir el descenso progresivo de este recaudo. Posterior a esta administración, el aporte voluntario bajó en un 50% debido a que los contribuyentes se resistían a conceder un sobre pago de sus impuestos sin ver resultados positivos o si advertían fenómenos de corrupción en las obras. Los datos históricos de la Secretaría de Hacienda revelan que pasamos de un relativo éxito con 102 mil ciudadanos que lograron aportar 1.763 millones de pesos en al 2002, a apenas 48.569 personas en el 2008 y una reducción a la mitad de esa última cifra en el 2011.
Esta “vaca muerta” atravesada en el camino de la relación entre el departamento de Antioquia y la Nación ha entrado por fortuna en el congelador, mientras se restituye una relación fluida entre la Gobernación y la Presidencia de la República para terminar las obras o para priorizar de una mejor manera las inversiones públicas en esta y las demás regiones de la Colombia más allá de sus principales centros urbanos. Debe quedar como lección para los gobernantes territoriales que la demagogia, las zonas grises entre legalidad e ilegalidad y el chovinismo regional no son buenos consejeros para administrar los destinos de sus territorios y sus gentes.
