Por: Unidad Investigativa laregional.net
La Unidad Investigativa de laregional.net conoció dos (2) ‘perlas’ que guarda el actual alcalde de Tamalameque, Jorge Alonso Castro Jaraba, uno de ellos es la entrega de 200 millones que hizo la administración municipal a la Universidad Autónoma del Caribe, en la firma para el convenio del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOP) donde dejaron vencer los términos y al parecer esos recursos se perdieron por que hasta la presente no se conoce si ingresaron a la Secretaria de Hacienda del municipio. Vale la pena recordar que ese proyecto lo hundió la comisión de planes y programas del Concejo Municipal, y hasta el momento el alcalde guarda silencio sobre el destino de esos recursos.
Por otro lado nuestra unidad investigativa, logró dialogar con el denunciante Alex Surmay Ruiz, quien manifestó que el otro convenio tiene que ver con la entrega sospechosa y sin socializar a escondidas a la empresa SEMSA la Operación de las Empresas de Agua y Alcantarillado de Tamalameque, que posteriormente se conoció que el contrato de operaciones contiene clausulas leoninas para el municipio.
En el documento que logramos obtener, dentro de las clausulas se encuentra que el contrato de operaciones fue firmado a 20 años, es decir hasta el 2038, el mantenimiento de la red y la infraestructura esta en cabeza del municipio no del operador, el municipio se obliga a entregar al operador los subsidios por el suministro de acueducto que actualmente suman $750.000.000 por año, que haciendo una operación matemática con valores actuales significa que Tamalameque pagará al operador durante los próximos 20 años la suma de $15.000.000.000, sin incluir lo que le corresponde pagar directamente a los beneficiarios del supuesto servicio.
Nuestra Unidad Investigativa logró conocer que el dinero que recibirá el municipio es el 7 por ciento por el uso de las redes, lo que sería equivalente a $52.000.000, es decir, que el municipio paga $750 millones y recibe solo $52 millones y además responde por el mantenimiento de la red de acueducto que opera SEMSA S.A., esto sin decir que el municipio recibirá este dinero, siempre y cuando los topes de recaudo que se realicen durante el año sean mayores al o iguales al 70 %, de lo contrario no recibirá ni un peso, atendiendo al record histórico de recaudo que en Tamalameque oscila entre el 20 y el 25 %, nos da a entender que el municipio jamás obtendrá este dinero. Actualmente en Tamalameque los medidores son obsoletos, por lo tanto, el mismo contrato prevé el cobro de tarifas plenas, es decir se pagará en la mayoría de los casos más de lo consumido.
Otra de las perlas halladas es que el operador no realizará obras de mantenimiento, sino que estas son obligación del municipio, para poder realizar obras de adecuación es imperativo contar con la autorización del operador. Para completar este rife y rafe presupuestal se comprometieron vigencias futuras a favor del operador hasta el 2038.
El líder Alex Surmay Ruiz también denunció que detrás de todas estas falencias se esconden intereses mezquinos y egoístas que son lesivos al municipio, puesto que se pone a disposición toda una empresa en favor de un operador privado para que cobre valores públicos por el cobro de un agua que no es apta para el consumo humano, es aún más oscuro el procedimiento utilizado que finalizó con la firma de este contrato, pues se hizo a espaldas del pueblo, fue un acto clandestino entre los funcionarios del municipio y los concejales. El proyecto de acuerdo fue presentado por el alcalde municipal Jorge Alonso Castro y sustentado y defendido por su secretario de Gobierno, Leonardo Vega Sánchez.
Hoy podemos aclarar que Leonardo Vega Sánchez es actualmente candidato a la Alcaldía de Tamalameque por el movimiento que eligió al actual alcalde, se dice que la hipoteca del municipio frente a la empresa SEMSA S.A., debe garantizarse con personal de confianza que atienda a los intereses de esta empresa y que busquen el cumplimiento de este contrato cuyas clausulas son lesivas para la comunidad.
Surmay Ruiz se dispone a entablar una demanda de nulidad contra el acuerdo del Concejo, que logre la suspensión de los efectos del presente contrato, pero mientras esto ocurre el pueblo de Tamalameque sigue tomando agua con residuos fecales y para colmo de males tiene que pagar por ello.
