El próximo gobierno debe volver a la senda diplomática en su relacionamiento con Venezuela y salir de la fracasada política de hostilidad abierta con el gobierno de Nicolás Maduro.
El balance de estos cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque en su relación con el gobierno venezolano es de amplios déficits, para usar una categoría suave y no hablar de abierto desastre. Hoy la frontera es controlada por ilegales, llámese ELN u otros ilegales, ellos cobran los impuestos por el cruce de toda mercancía, persona, insumos, que siguen circulando la vida no se detiene.
Para no partir de las tragedias que se viven en la frontera, hablemos del mal negocio que ha significado perder a Venezuela como nuestro segundo socio comercial. Para el año 2005, teníamos unos ingresos de cinco mil millones de dólares en comercio, siendo ampliamente favorable para Colombia dicha relación. Vendíamos a Venezuela alimentos, productos manufacturados, tecnología para varios sectores, calzado, textiles y confecciones, todo eso se ha perdido. En 2020 la cifra de exportaciones hacia Venezuela fue de exiguos cien millones de dólares y en el 2021 llegó a doscientos millones de dólares, una debacle que han resentido mucho a medianos y grandes empresarios colombianos.
Bien sabemos que la migración venezolana ha tenido a Colombia como su principal destino, aquí llegaron en los últimos siete años un millón doscientos mil ciudadanos y ciudadanas venezolanas y una cifra similar de colombianos retornados, quienes hoy se rebuscan la vida junto a la población colombiana que, igualmente, no tiene acceso a derechos básicos: salud, educación y posibilidades de empleo o emprendimiento, con ausencia de garantías de un estado a espaldas de los derechos y la ciudadanía.
El gobierno que se posesione el 7 de agosto debe volver a la senda diplomática, restableciendo de manera plena el funcionamiento de la delegación colombiana en Caracas y la red de consulados. De manera concertada con el gobierno venezolano, se espera dejar atrás la política de hostilidad y trabajar por desarrollar de manera constructiva unas políticas para los múltiples frentes de acción que requieren dos países que comparten historia, vecindad y retos compartidos.
Para volver a la relación económica hay que abrir los canales de comunicación entre empresarios de los dos países y las cámaras de comercio, involucrando a los actores económicos de la frontera, quienes tienen las posibilidades más inmediatas de hacer crecer sus vínculos, construir concertaciones sobre los intereses mutuos para volver al fluido, diverso y complementario comercio, que nos hace mutuamente socios estratégicos, como ha sido una tradición republicana que se ha visto nefastamente interrumpida por liderazgos políticos de lado y lado que perdieron el rumbo del respeto y la capacidad de tratarse con rigor en medio de las diferencias políticas que permanecen y que no pueden ser óbice para dejar atrás el fracaso que tenemos ante nuestros ojos.
Para trabajar por una frontera segura se requiere la apertura para personas y bienes de los pasos fronterizos, hoy parcialmente abiertos para el tránsito de personas; diálogo y planes concertados entre los organismos de seguridad de Colombia y Venezuela; disposición a enfrentar la corrupción que campea aquí y allá; temas difíciles pero necesarios de tratar; y, de ñapa, un involucramiento del gobierno venezolano en el necesario proceso de paz que hay que adelantar con el ELN.
Ya la administración Biden abrió canales directos con el gobierno Maduro, ya nadie habla del grupo de Lima y el fracasado cerco diplomático.
Ha vuelto la hora de la diplomacia entre gobiernos que pueden pensar y actuar de manera muy diferente, pero que requieren trabajar juntos en muchos campos de una vecindad que está ahí y una historia compartida que debe aprender de este capítulo amargo y doloroso para muchas comunidades y personas que han sufrido en sus vidas esta nefasta política.
Gane quien gane la presidencia de Colombia y se posesione el próximo siete de agosto, se debe volver al diálogo político, la diplomacia, la acción concertada y el mutuo respeto.