En un giro esperanzador dentro del caso de secuestro que ha conmocionado al municipio de Tamalameque, en las últimas horas fueron liberados el ingeniero agrónomo José Antonio Ardila Gordillo y el líder campesino Andrés Urueta Amarís. Ambos habían sido privados de la libertad junto a la ex personera de Tamalameque, Yennis Salazar Zabaleta, en un hecho ocurrido en la vía entre Saloa y Las Vegas, en Chimichagua, Cesar.
El vehículo en el que se movilizaban fue hallado incinerado, lo que generó una alerta inmediata entre la comunidad y las autoridades. Tras su liberación, Ardila Gordillo y sus familiares expresaron su gratitud a la comunidad por el respaldo recibido. «Su constante preocupación, oraciones y acciones han sido un gran consuelo y fortaleza para nosotros. Hoy, gracias a la intervención de Dios y la lucha de muchos, José Antonio ha sido liberado y estamos llenos de alegría y gratitud», manifestaron en un comunicado. Mientras tanto, Yennis Salazar Zabaleta continúa en manos de sus captores, según informaron las autoridades. Su situación ha generado una creciente preocupación, especialmente porque la exfuncionaria había denunciado amenazas en su contra y estaba a la espera de un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Recompensa y acciones gubernamentales
Ante la gravedad del caso, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Tamalameque han ofrecido una recompensa de hasta 60 millones de pesos por información que permita localizar a la expersonera y capturar a los responsables de su secuestro.
El alcalde de Tamalameque, Leonardo Vega, manifestó su consternación y solidaridad con la familia de la víctima. «Estamos preocupados y esperando noticias positivas. Un equipo interdisciplinario ha estado acompañando a los familiares en esta difícil situación», afirmó.
Antecedentes de amenazas y exigencia de justicia
Claribeth Robles García, actual personera de Tamalameque, reveló que en su despacho reposa una denuncia presentada por Salazar Zabaleta en la que reportaba amenazas recibidas vía WhatsApp el 26 de febrero de 2023. A raíz de esta situación, se solicitó protección a la UNP, pero hasta el momento la exfuncionaria no contaba con un esquema de seguridad asignado.
Ante estos hechos, expersoneros del departamento del Cesar emitieron un comunicado en el que condenaron enérgicamente el secuestro y exigieron respuestas concretas por parte de las autoridades. «Este acto es una clara violación del derecho fundamental a la libertad. Nos preocupa la falta de acción por parte de las instituciones competentes», expresaron en el documento.
En su pronunciamiento, exhortaron al Estado colombiano a esclarecer los hechos y a las entidades responsables, como la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscala, la Policía Nacional y los gobiernos departamental y municipal, a reforzar las medidas de seguridad para prevenir la violencia contra los líderes sociales y exfuncionarios en la región.
El secuestro de Yennis Salazar Zabaleta sigue siendo un hecho alarmante que refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos en el Cesar. La comunidad espera que las acciones implementadas permitan su pronta liberación y el esclarecimiento de los hechos.
