Alfredis Manuel Ramos, un hombre de tez morena, sombrero vueltiao y bastón de mando cruzado en el pecho, recuerda a San José de Uré como un municipio próspero en minería, pesca, y producción agrícola. Pero, de tres años para acá, dice, los enfrentamientos entre estructuras criminales y de ellas con la fuerza pública, dejaron el campo solo. Los cultivos se vinieron a pique y con ello la economía de la región.
“Cada día la alimentación es más costosa: una libra de yuca o ñame vale 1.000 pesos cuando antes valía 300”, expresó Ramos, con lágrimas en los ojos. El líder indígena es gobernador local del Cabildo Nueva Ilusión. Las veredas, antes llenas de plantaciones con las que se alimentaban las familias, ahora están vacías.
En un encuentro con el defensor del Pueblo, Carlos Negret, Ramos manifestó que es la primera vez que puede alzar la voz por su pueblo y denunciar hechos delictivos que han dado pie a desplazamientos e incluso acusaciones penales en contra de miembros de su comunidad. Negret pasará cuatro días en esta zona para recoger las denuncias de vulneración de los derechos a comunidades étnicas, indígenas y campesinos.
A la voz de Ramos se sumó el relato de Daniel Domínguez, miembro de una de las 243 familias que han tenido que desplazarse de dicho territorio por cuenta de la violencia. Domínguez, de 49 años de edad, aseguró que hombres armados llegaron a su comunidad y los desalojaron de sus lugares de residencia, la vereda San Pedrito, ubicada a una hora de San José de Uré.
“Hemos sido desplazados en varias ocasiones pero anteriormente uno no declaraba ante una entidad, uno lo que hacía es que se trasladaba a otro lugar y seguía su vida normal, luego cuando estaba más tranquilo retornaba”, aseguró el campesino.
Padre de dos niños, aseguró que la única ayuda que recibieron por parte del Gobierno y entidades estatales fue “cuando llegamos a la Alcaldía buscando alojamiento nos estuvieron dando alimentación ocho o 15 días porque no tenían recursos suficientes para mantenernos”. Según dice, para ellos no ha existido reparación, ni indemnización.
Ramos también se queja de que su comunidad ha sufrido el olvido del Gobierno Nacional. Por el contrario, asegura que algunos miembros de su comunidad han sido perseguidos por la justicia.
“Luchamos contra el mismo Estado. Hay denuncias de falsos positivos con miembros de nuestras autoridades por acusaciones de otras autoridades y no se tienen en cuenta los señalamientos de otras personas”, dijo Ramos.
EL BALANCE
Durante un poco más de cuatro horas, el defensor Negret escuchó con atención cada una de las denuncias que hicieron los líderes sociales. Tras escuchar también a las autoridades que aseguraron que los actos delictivos cometidos en la región son producto de los enfrentamientos entre el ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparrapos’, el defensor concluyó que en San José de Uré se ha registrado una oleada de asesinatos en tan solo dos años.
“Escuchamos algo que no es ajeno a nosotros. Como Defensoría ya se habían emitido las alertas tempranas 071 y 073 que advertía de desplazamiento y acciones sociales”, aseguró Negret.
Entre tanto, confirmó el desplazamiento de 243 familias y el asesinato de dos personas en 2017, 24 en 2018 y dos en lo corrido de este año.
A juicio del Defensor, y según el reporte de las autoridades, dichos actos delictivos se registran por cuenta de la minería ilegal y el control de la hoja de coca. “El municipio es un corredor del narcotráfico que se inicia en el bajo cauca antioqueño”.
Además de hacer un llamado por los ataques de los derechos humanos, Negret consideró que es necesario generar garantías de producción, “tenemos que capacitar e invertir de lo contrario así no se van a bajar las familias desplazadas, ni tampoco los homicidios”.
Aseguró que es necesario atender las alertas que emite el órgano puesto que, “una alerta atendida es una muerte evitada”. Por lo que hizo un llamado al procurador General, Fernando Carrillo Flórez, para que se sancione a los servidores públicos que no atiendan las alertas.
Rosiris Piedrahita, quien hace parte de la mesa de víctimas del municipio, aseguró que las víctimas buscan «incidir ante los entes territoriales para que haya apoyo y derechos los mismos”. Quieren también ser tenidas en cuenta en la elaboración del plan de desarrollo.
La lideresa aseguró que por parte de la Defensoría las víctimas del conflicto armado se han sentido respaldadas, pero que falta intervención del Gobierno para evitar que los más de 200 menores de edad, que se encuentran en condición de desplazamientot continúen siendo violentados en sus derechos.
Por: Fernanda Torres Tovar
