Bien lo ha dicho el doctor Humberto De La Calle: “se están tirando la paz”, a lo que nosotros agregamos: hay que salir a defenderla. No podemos seguir en la pasividad, que solo le sirve a quienes aspiran a hacer regresar al país al pasado de la guerra.
Colombia y el mundo han sido testigos del cumplimiento de los compromisos firmados por parte de las FARC-EP, ahora transformada en partido político legal.
Nos agrupamos en las Zonas Veredales Transitorias Normalización, dejamos las armas, entregamos el inventario de bienes para contribuir a la reparación de las víctimas y la reincorporación, hemos ratificado nuestro compromiso de aportar verdad, ante la Jurisdicción Especial de Paz, realizamos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y pedimos perdón a las víctimas de Bojayá, La Chinita, El Nogal, los familiares de los diputados del Valle del Cauca, nos hemos comprometido activamente con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en tareas de desminado humanitario; además de participar en las elecciones parlamentarias a pesar de no contar con las mínimas garantías acordadas; entre otros hechos incontrovertibles que testimonian nuestro compromiso con lo pactado.
En contraste, del lado del Gobierno y el Estado colombiano no hemos recibido las mejores señales de cumplimiento. El texto del acuerdo firmado, ha sido alterado en su esencia, a su paso por el Congreso y la Corte Constitucional; así como en varios decretos presidenciales que pretenden dar desarrollo al mismo; para no hablar de la reincorporación socio-económica que nunca despegó, a la vez que se conocen desconcertantes noticias sobre los fondos destinados a este fin; al tiempo que se sigue vacilando sobre la conveniencia de dar tierra a los combatientes en proceso de reincorporación, para que inicien proyectos productivos y no se conoce hasta el momento un solo acto de reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado.
Pero lo más grave de todo esto, es lo que viene ocurriendo con la seguridad jurídica, transformada ahora en amenaza permanente sobre la cabeza de los ex combatientes, con base en montajes urdidos desde la Fiscalía y las agencias norteamericanas, como es evidente en el caso de Jesús Santrich y las recientes versiones de prensa que pretenden involucrar al dirigente de nuestro partido y senador elegido, Iván Márquez, con actividades de narcotráfico.
En medio de este incierto panorama, y el debate electoral en curso, el tema de la construcción y consolidación de una paz estable y duradera adquiere trascendental importancia. No se trata de cumplirle o incumplirle a las FARC; los acuerdos firmados entre la insurgencia y el Estado, son mucho más que una negociación entre las dos partes, se trata del futuro del país y por ende del futuro de las generaciones venideras, de nuestro destino como nación.
Hay momentos en la historia de los pueblos que demandan la confluencia de los más diversos sectores sociales y políticos, por encima de cualquier tipo de diferencia. Consideramos que este es el caso para la Colombia de hoy.
Por lo anterior, a la vez que ratificamos nuestro compromiso indeclinable con lo pactado, convocamos a la sociedad entera, de manera especial a la juventud, para que nos encontremos en los distintos escenarios que nos permitan reflexionar y acordar tareas sobre los retos y compromisos que nos impone la construcción de una paz estable y duradera para el país.
