La Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santa Marta advirtió sobre un inusitado aumento en el número de tutelas, que son interpuestas por parte de supuestos agentes oficiosos que acuden a ese recurso jurídico en aparente representación de personas y quienes mediante esa vía estarían invocando el amparo de derechos como a la alimentación, al agua y a la renta básica, mediante la entrega de mercados solidarios como asistencia humanitaria en medio de la cuarentena por el coronavirus.
Para el equipo jurídico de la Alcaldía, podría tratarse de una acción deliberada por parte de interesados en hacer quedar mal al Gobierno Distrital, mediante la andanada de tutelas, muchas de ellas calificadas como temerarias, para provocar congestión de procesos y mover injustificadamente el aparato judicial.
Sandra Daza, directora jurídica de la Alcaldía Distrital, señaló que desde el pasado 20 de abril se registra un considerable aumento en el número de tutelas accionadas contra el Distrito.
“Hemos observado que se han presentado hasta 50 tutelas en un día, que tienen un modelo idéntico, algunas aparecen con un agente oficioso, representando a 100 o 150 personas; en otras aparecen actuando a nombre propio, pero observamos que muchos de esos accionantes figuran en bases de datos de programas del Gobierno Nacional, como Jóvenes en Acción o Adulto Mayor”.
Indicó la funcionaria que en el estudio de los casos, se detectó que muchos de los agentes oficiosos que interpusieron las tutelas no reunieron los requisitos para ejercer tal función en representación de determinado grupo de personas. También se encontró que entre los accionantes se hallaron personas de otras ciudades o que ya habían recibido ayudas humanitarias.
“Advertimos un hecho grave, en el sentido de que una de las personas a quien le habían librado una medida provisional, ordenándole la entrega del mercado, al momento de hacerle la entrega del mismo, la misma favorecida afirmó que no había firmado dicha tutela, situación que nos lleva a darnos cuenta de que se está ante un delito de suplantación de identidad”, precisó la directora jurídica de la Alcaldía.
Daza relató que el pasado 27 de abril, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, declaró la improcedencia de una de esas tutelas, interpuesta por el abogado Miguel Martínez Olano, por considerar que el accionante se encuentra reclamando derechos ajenos, sin tener la calidad de agente oficioso.
Hay que recordar que dicho abogado ha sido cuestionado varias veces por presuntamente recibir dinero del gobierno anterior para atacar a los actuales gobiernos de Carlos Caicedo y Virna Johnson, en lo que se ha calificado como la «venganza de los viudos del poder» por salir derrotados contundentemente en las elecciones del 27 de octubre del año anterior.
Por eso, para evitar caer en manos de inescrupulosos que prometen la obtención de ayudas mediante mecanismos jurídicos, la Alcaldía de Santa Marta ha invitado a los ciudadanos a inscribirse a través de las líneas habilitadas para reportar su condición de vulnerabilidad y sean incluidos en los listados de beneficiarios de mercados y bonos solidarios, para los sectores que más dificultades tienen en acceder a elementos básicos para la subsistencia.
Ante esos hechos muy evidentes corroborados por la oficina jurídica de la Alcaldía, las autoridades pertinentes adelantan ya las investigaciones con el fin de desarticular ese «otro virus» contra el que la alcaldesa Virna Johnson le ha tocado lidiar durante estos tiempos en que procura atender las necesidades de los samarios más vulnerables afectados por la pandemia del coronavirus y el cual, al parecer, ha sido reactivado por los «viudos del poder», en represalia aún por la inolvidable y aplastante derrota que sufrieron aquel histórico 27 de octubre del año 2019.
