Redacción: 360-grados.co en alianza con Diario Criterio –
360-grados.co conoció testimonios, compulsas de copias y detalles de indagaciones sobre los ‘falsos positivos’ al parecer cometidos por militares, funcionarios de la Fiscalía y paramilitares, durante la Operación San Jorge, liderada entre 2003 y 2004 por el general Mario Montoya Uribe en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Al fondo del ‘cementerio de los pobres’ del municipio de Ciénaga (Magdalena), en un solar de arena negra, de tierra fangosa y zonas que parecen aplanadas por maquinaria pesada, yace una verdad que nadie ha querido desenterrar: los restos de al menos 40 ‘falsos positivos’ que dejó la Operación San Jorge del Ejército en la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Eso está muy lejos, hay que caminar bastante y hay dos”, dijo un joven veinteañero que ayuda en los sepelios y arregla tumbas, quien señala el campo santo hasta donde se presume que están las fosas comunes.
En este cementerio de Ciénaga en el Magdalena pueden estar los cuerpos de varios civiles desaparecidos que fueron presentados como muertos en combate por el Ejército.
En este cementerio de Ciénaga en el Magdalena pueden estar los cuerpos de varios civiles desaparecidos que fueron presentados como muertos en combate por el Ejército.
Bajo mirado de sospecha y algo hostil de trabajadores del cementerio, al finalizar el recorrido, el guía comentó que muchos tienen miedo. Él mismo pide que no digamos que nos está ayudando porque, sospecha, lo están vigilando.
El cementerio Sagrado Corazón de Ciénaga, llamado “el cementerio de los pobres”, esconde el que sería uno de los capítulos más escabrosos del conflicto armado en el Caribe. Según testimonios de desmovilizados e indagaciones, su existencia solo fue posible por la alianza de funcionarios de la Fiscalía, el antiguo DAS, Medicina Legal, militares y paramilitares.
Este episodio podría repercutir, incluso, en el proceso que le sigue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al general (r) Mario Montoya Uribe, quien comandó la Primera División del Ejército hasta que la operación acabó, a finales de 2004.
De momento, ningún oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas ha hablado ante la justicia ordinaria o la JEP sobre estos crímenes que se habrían perpetrado durante una de las maniobras militares más sonadas en la Sierra Nevada.
Según la JEP, en su apertura del caso 033 sobre los mal llamados falsos positivos, en la Primera División del Ejército -entre 2002 y 2005- se presentaron “el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en su informe 5 y de acuerdo con dicha entidad, la mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón de Artillería No 2 “La Popa” (en adelante Bapop) y el sur de La Guajira, jurisdicción del Grupo Mecanizado Juan José Rondón”.
Sin embargo, el informe no menciona lo ocurrido en Magdalena, pese a que en el Sistema de Información de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) hay denuncias de 2.634 desaparecidos en este departamento, la cifra más alta en toda la región Caribe.
El secuestro que desata todo
Tras el primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando, el 15 de septiembre de 2003 ocurrió el secuestro de un grupo de extranjeros en la Sierra Nevada de Santa Marta. El hecho provocó una crisis diplomática sin precedentes para Colombia.
Las víctimas fueron los israelitas Benny Daniel, Ortaz Ohayon, Ido Josep Guy y Erez Altahuil y Ran Atzmon; los británicos, Mathiew Scoot y Mark Henderson; la alemana, Renhilt Weigl, el español Asier Huegun Etxeberria y el holandés Mathis Grote.
Dos de ellos, el holandés Grote y el israelí Atzmon lograron escaparse y avisar a las autoridades de cómo este grupo de turistas, que se dirigía a Ciudad Perdía, había sido interceptado por guerrilleros del ELN.
La Primera División del Ejército, al mando del general Leonel Gómez Estrada, realizó un intenso despliegue de tropas por la Sierra para presionar la liberación de los secuestrados, sin mayor éxito. Esta ocurrió, a poco y meses después, por la intervención de una misión humanitaria encabezada por el sacerdote Héctor Fabio Henao y el entonces defensor del Pueblo, Volmar Pérez, quienes negociaron con los jefes del ELN, Felipe Torres y Francisco Galán, presos en la cárcel de Itagüí.
El secuestro fue polémico. Se conocieron fotos de la alemana Weigl y el vasco Huegun portando fusiles en pleno cautiverio, por lo que el gobierno de Alemania le cobró a Weigl los costos que gastó por su liberación. Y, para el Ejército, el secuestro de los extranjeros se convirtió en una afrenta.
Desde 2001, dentro de la política de Seguridad Democrática, la Sierra Nevada se había priorizado con la operación “Reconquista”, al mando de la Primera División del Ejército, que incluía al batallón José María Córdova, y cuatro batallones más de contraguerrilla, con el fin de sacar de la región a las FARC y al ELN.
En los dos años siguientes, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, doblegó al grupo de autodefensas de Hernán Giraldo Serna. La guerra acabó con 40 y su gente controlando los accesos a la Sierra y los más importantes corredores para el envío de droga por el Parque Tayrona.
Montoya y la Operación San Jorge
La cruenta guerra entre paramilitares pasó a segundo plano porque las autoridades estaban enfocadas en enfrentar a las guerrillas a través de la Operación San Jorge, anunciada por el comandante general del Ejército, Carlos Alberto Ospina. El objetivo: acorralar y sacar a las Farc y el ELN de la Sierra Nevada.
En la operación, el Ejército estuvo apoyado por un grupo “interagencial” conformado por la Fuerza Aérea, el CTI de la Fiscalía, el DAS y la Policía.
Según archivos de prensa, los resultados de la operación empezaron a divulgarse en octubre de 2003. El primero fue la muerte de cuatro guerrilleros del frente 19 de las FARC. Luego, la captura de 36 milicianos de las Farc y el ELN durante 150 allanamientos hechos en la Sierra Nevada, en el lado del departamento del Magdalena.
El general Mario Montoya Uribe llegó en diciembre de 2003 a la comandancia de la Primera División del Ejército en el Caribe y, con ello, del control de la operación, que terminó a finales de 2004.
Al revisar los registros documentados de la Operación San Jorge en la base de datos del Cinep -Noche y Niebla-, 360-grados.co y Diario Criterio encontraron que durante 2004 los batallones de Infantería Mecanizado #5, ‘José María Córdova’, y el Contraguerrillas 2, ‘Guajiros’, reportaron 47 guerrilleros muertos en combates, registrados en su mayoría en Ciénaga.
De acuerdo con la base de datos de derechos humanos Noche y Niebla, solo 12 de los muertos fueron identificados: unos con nombres y otros con sus supuestos alias.
Al finalizar la operación, los grupos guerrilleros que tenían presencia en la Sierra Nevada habían desaparecido o se habían replegado a otras regiones colombianas y países como Venezuela. La operación San Jorge fue uno de los logros del general Montoya, quien años más tarde ocupó la comandancia máxima del Ejército, 2006-2008.
Sin embargo, solo hasta hoy se conocen nuevas evidencias que pondrían en duda los resultados de esta “exitosa” operación en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La confesión de ‘El Grillo’
Luis Eduardo Geraldino Cabana era un recolector de café que iba y venía entre su casa, en Zona Bananera, y diferentes fincas en la Sierra Nevada. A pesar de la matazón que había en la guerra entre paras y las acciones de la Fuerza Pública, nunca dejó de subir a la montaña a jornalear, recuerdan quienes lo conocían.
El último día que lo vieron vivo fue el 28 de octubre de 2004, cuando un grupo de hombres de las AUC lo detuvo mientras descargaba bultos de café de una camioneta, en San Pedro de la Sierra. Ese día, los paramilitares desaparecieron a otras siete personas en el mismo corregimiento, incluido el hijo de Cabana. Del grupo de ocho, todos los cuerpos fueron encontrados días después, menos el del recolector de café.
Siete años después se supo lo ocurrido con Geraldino Cabana, durante una versión libre rendida ante Justicia y Paz por Daniel Giraldo Contreras alias el Grillo, hijo del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo. El desmovilizado confesó que hombres a su mando habían “retenido” a Geraldino y se lo entregaron a un teniente del Ejército, al que apodaban Moncho o el Diablo, quien días después lo reportó como un guerrillero abatido sin identificar.
El Grillo declaró que la cercanía del teniente con los paramilitares llegaba al punto que a él le obsequió una pistola Pietro Beretta y a otros miembros de las AUC les regalaba uniformes o armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares, como sucedió con Norberto Quiroga Poveda, alias ‘Beto’ o ‘5-5’, capturado en 2021 como cabecilla de las denominadas nuevas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y quien está a la espera de su segunda extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
“5-5 y él intercambiaban cosas. (Por) ejemplo, 5-5 le entregaba gente con armamento malo para que él legalizara combates y el teniente le entregaba granadas de mortero, granadas de mano, munición. Hubo momentos que el teniente sí tuvo combates con la guerrilla y recuperó unos fusiles en buen estado. Al escuadrón que tenía (el teniente) le decían el escuadrón de la muerte”, aseguró El Grillo en Justicia y Paz.
Además de Geraldino, el Grillo mencionó que el recolector Eli Serna también fue secuestrado y entregado al teniente del Ejército. Serna fue luego presentado como un guerrillero muerto en un combate en el sector de El Mico, zona rural de Ciénaga, entre finales de septiembre y comienzos de octubre de 2003, lapso que coincide con el comienzo de la Operación San Jorge.
La identidad de ‘el Diablo’
Con el testimonio del Grillo, funcionarios del CTI de la Fiscalía fueron encargados de investigar el paradero de los jornaleros Geraldino y Serna. En esa labor obtuvieron documentos de las operaciones y las bajas reportadas entre 2003 y 2005 en los alrededores de Ciénaga y Santa Marta.
Si bien no pudieron dar con los cuerpos de jornaleros, los investigadores descubrieron algo estremecedor: la práctica común de reportar como NN a los muertos de la Operación San Jorge. De manera anónima, un ex agente del CTI señaló a 360-grados.co y Diario Criterio que la “operación fue de carácter interagencial” y que su punto de reunión fue el Batallón José María Córdova.
“La información que se documentó durante este tiempo sobre las guerrillas y sus simpatizantes fue filtrada a los paramilitares, pues fue encontraba en el computador del ex comandante paramilitar del frente ‘José Pablo Díaz’ del Bloque Norte de las AUC, don Antonio (Edgar Ignacio Fierro Flores), el día de su captura en una zona exclusiva de Santa Marta, carpeta que se llamaba amigo DAS”, eplicó.
“Esta información también reposaba en la RINCA, Regional de Inteligencia del Caribe, con sede en la Primera División del Ejército en Santa Marta”, agregó el ex agente.
Según establecieron las pesquisas del CTI, la información le servía a los paramilitares para retener a personas de afuera y entregárselas al teniente apodado ‘Moncho’ o ‘El Diablo’, para que los reportara como guerrilleros abatidos en enfrentamientos.
La Fiscalía de Justicia y Paz identificó al teniente: Leonardo Miranda Arteaga. En registros obtenidos por 360-grados.co consta que Miranda siguió su carrera militar y llegó al grado de coronel. Su última asignación, en 2017, fue al mando del Batallón Especial Energético y Vial No. 7, con sede en Barrancabermeja.
“La víctima era ubicada estratégicamente dentro del organigrama de alguna de las dos guerrillas; para el caso ELN y FARC, con esos organigramas donde aparecía un integrante ‘NN alias Fercho’, de quien se desconocía su identidad, organizaban la baja con incautaciones de material bélico para el cobro de la recompensa y entregaban el cadáver a Medicina Legal”, cuenta un investigador que participó en las pesquisas.
La estrategia le permitía a Miranda y sus subalternos cobrar premios por resultados operacionales y tramitar recompensas a favor de sus informantes, que eran paramilitares.
¿Entierros ‘express’ y patrullajes con AUC?
Al revisar las actas de defunción, los investigadores del CTI descubrieron que muchos cadáveres fueron enviados a la morgue de Medicina Legal en el municipio de Ciénaga.
Las indagaciones develaron que el disector Jhonni Estrada Rivera, funcionario de Medicina Legal en Ciénaga, dañaba las tarjetas de huellas para dificultar la identificación de los cadáveres de los falsos guerrilleros, en caso de una investigación.
Una fuente de Medicina Legal contó a 360-grados que la complicidad de Estrada era tal que se conocieron informaciones que señalan que “salía a patrullar por las noches con los paramilitares”.
Otra fuente del CTI reveló que Estrada era amante de una fiscal, quien era dueña de un carro utilizado por los paramilitares para secuestrar y asesinar personas. “Cuando la descripción del automotor empezó a ser recurrente en las denuncias que se presentaban, la fiscal denunció el carro como robado en la ciudad de Barranquilla”, dijo la fuente.
Los investigadores del CTI hallaron también evidencias de que Estrada organizaba entierros express en fosas comunes, con el argumento de que Medicina Legal no poseía suficientes neveras en Ciénaga para conservar los restos. Según las pesquisas, muchos fueron enterrados sin nombre en fosas del cementerio Sagrado Corazón de Ciénaga, lo que impidió que fuesen identificados por familiares que los estaban buscando, incluso, en otras regiones del país.
Además de la presunta participación de Estrada, detenido en la actualidad en la cárcel La Tramacúa de Valledupar por una investigación que lo vincula al ‘Clan del Golfo’, los investigadores del CTI documentaron que durante la Operación San Jorge hubo desplazamientos y desapariciones de campesinos que eran señalados por paramilitares de colaborar con la guerrilla.
“Además, se judicializó un montón de gente que después quedó en libertad, pero con el rótulo peligroso de ser miliciano de la guerrilla”, explicó uno de los ex agentes.
¿Indagación engavetada?
Una de las fuentes consultadas para esta investigación fue precisa al recordar las discusiones que, al interior de la Fiscalía, generaban las órdenes del general Montoya de preferir las bajas a las capturas durante la Operación San Jorge. “¡Se emputaba si se presentaban capturados porque pedía bajas!”, exclamó.
Por competencia, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía solo investigó los crímenes confesados por el ex paramilitar Daniel Giraldo Contreras alias el Grillo, sin que se haya establecido cuántos civiles fueron asesinados (como falsos positivos) y enterrados en Ciénaga como guerrilleros abatidos por tropas del Ejército.
En respuesta a un derecho de petición de 360-grados.co, Medicina Legal dio a conocer que en 2004 hubo 67 muertos en acciones militares en los municipios de Aracataca, Fundación, Zona Bananera y Ciénaga, pero agregó que no cuenta con “información digitalizada” de años anteriores a 2003.
360-grados.co también conoció que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía compulsó copias de esta investigación a la justicia ordinaria contra los militares y los funcionarios públicos que estarían implicados. Un ex investigador de Justicia y Paz enfatizó que, debido a las versiones de el Grillo, hay suficientes razones para investigar a varios funcionarios que participaron en la Operación San Jorge y pudieron estar involucrados en ‘falsos positivos’.
En diciembre de 2004, terminada la operación en la Sierra Nevada, se instaló el Batallón de Alta Montaña No. 6, con base en el corregimiento de Santa Clara, Fundación (Magdalena). Mientras, el Batallón de Contraguerrilla 2 Guajiros fue trasladado al sur del país bajo la premisa de que la zona estaba limpia de guerrilla, pero con el secreto de que el éxito de una de las operaciones militar más importantes, se sembró con sangre de inocentes. Tomado:360-grado.co
