Por lo atípico del 2020, los mandatarios del país fue poco lo que pudieron hacer en materia de obras, inversiones, debido a la pandemia del Covid-19, en lo que sí se caracterizaron fue en las investigaciones por parte de la Procuraduría que les abrió procesos por mal comportamiento y supuestas irregularidades en contratación.
Durante el año que acaba de pasar, el Ministerio Público abrió 2.327 procesos entre investigaciones e indagaciones de carácter disciplinario, de los cuales 2.139 fue en contra de alcaldes y 164 contra gobernadores.
El diario El Heraldo realizó un informe, en donde muestra como estas investigaciones a los mandatarios tiene que ver con amenazas por parte de alcaldes, caso concreto el de Ciénaga, Magdalena, que ‘ofreció bala corrida’ a quien le lanzara piedras.
Departamento de Bolívar:
Con 72 casos, en donde se menciona procesos en contra del alcalde de Cartagena, William Dau; además de los mandatarios de Achí, Barranco de Lobo, Cantagallo, Carmen de Bolívar, Magangué, Hatillo de Loba, Margarita, Mompox, Montecristo, Pinillos, Soplaviento, Río Viejo, San Cristóbal, San Pablo, Santa Rosa del Sur, San Martín de Loba, Talaigua Nuevo y Tiquisio.
Según el informe a Dau lo procesan por una falta grave, al llamar de manera grosera a los directivos de la Universidad de Cartagena a quienes tildó de ‘malandrines’, ‘corruptas’, ‘nido de ratas’.
Otro de los procesos que tiene en su contra es el incumplimiento de la acción policiva que ordenó la demolición del edificio Aquarela.
Departamento del Magdalena: por su parte tiene 371 procesos de los cuales 51 es a alcaldes activos.
Los investigados son los mandatarios de: Santa Marta, Santa Ana, Zona Bananera, Algarrobo, Cerro de San Antonio, Ciénaga, Concordia, El Banco, El Piñón, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pueblo Viejo, Salamina, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.
Departamento de Sucre:
Son investigados el gobernador Héctor Espinoza Oliver y los alcaldes de: San Pedro, Morroa, Tolú, Sincelejo, Sincé, Galeras, Betulia, San Benito, Majagual, Corozal, San Onofre, San Marcos, Sucre-Sucre, Coveñas, Buenavista, Chalán, Toluviejo, Colosó, El Roble, Caimito, Galeras y La Unión.
Uno de estos procesos es a la alcaldesa de Sucre-Sucre, Elvira Julia Mercado quien realizó una covid-fiesta en las fiestas patronales de la Santa Cruz.
Departamento de La Guajira:
Bajo la mira de la Procuraduría están los alcaldes de Albania, Barrancas, Manaure, Villanueva y Uribia, este último por violar las medidas de bioseguridad, debido a una fiesta que habría sido amenizada por el cantante el Mono Zabaleta.
Departamento de Córdoba: los investigados son los mandatarios de: San Carlos, Montelíbano, Puerto Libertador, Montería, Tierralta, San Bernardo del Viento, La Apartada, Puerto Escondido, San Antero, Moñitos, Cotorra, y Chinú.
Departamento del Cesar:
Un total de 29 los procesos abiertos por la Procuraduría, entre ellos a los alcaldes de Valledupar, Tamalameque, Aguachica, Becerril, Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, González, La Jagua de Ibirico, Pelaya, Pueblo Bello, San Alberto y San Martín.
Además de investigaciones a funcionarias de la Gobernación del Cesar por presuntas irregularidades en la contratación de las ayudas humanitarias durante la cuarentena, caso concreto a la secretaria General, Lorena Hernández y la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, María José Páez, quienes fueron suspendidas de sus funciones por tres meses.
Departamento del Atlántico:
Catalogado el departamento con los alcaldes ‘más rumberos’, varios de ellos están involucrados en violación a las medidas sanitarias y participación en fiestas y reuniones, caso de los alcaldes de Ponedera y Baranoa.
Además son investigados los alcaldes de Baranoa, Candelaria, Luruaco, Malambo, Palmar de Varela, Sabanalarga, Puerto Colombia, Soledad, Barranquilla, Suan y Tubará.
La procuraduría sigue evaluando el comportamiento de los mandatarios y muy pronto varios de ellos serán llamado para que respondan por las presuntas irregularidades comeditas duran el año 2020.
