A más de $300 mil millones de pesos ascendería el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena, según lo reveló la Contraloría General de la República.
En el proceso al cual fueron vinculados 9 personas por responsabilidad fiscal por irregularidades encontradas, el ente de control encontró que el daño pasó de $3.500 millones a $89.000 millones, a precios de 1997, lo que a fecha de hoy equivalen a $300 mil millones.
En la investigación, la Contraloría encontró inconsistencias en la información y soportes de costos y gastos de la operación, para lo cual realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno que fue pactada como remuneración del concesionario, en la que determinó que el TIR se habría alcanzado en el año 2015.
Es por ello, que vinculó al proceso a varias personas, entre ellas a 7 exalcaldes de Cartagena, exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena -VAL- y exgerentes y exsubgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano EDURBE. De igual modo, el encargado del concesionario y el interventor.
En la información recolectada por el ente de control, determinó que no se evidencia una relación pormenorizada de los costos y gastos, tampoco hay un análisis sobre su pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión, entre otros hechos.
