Alcaldes de la región Caribe resultaron salpicados en la ampliación de la matriz de la colaboración de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ungrd, con la Fiscalía General de la Nación.
El texto involucra a Fabián Martínez, alcalde de Becerril, Cesar, y Carlos Torres, exalcalde de Carmen de Bolívar, Bolívar.
El contrato por el que le habrían solicitado celeridad a Olmedo López por el tema de los créditos internacionales era una obra de contención en El Salao por valor de $12.356 millones, pero según el exalcalde Torres no se ejecutó. “Era un proyecto de escorrentías que completaba la pavimentación del pueblo, que se hizo en el 2022 y con el anterior gobierno lo intentamos sacar adelante. Ese proyecto estaba radicado” manifestó en su momento Torres. De acuerdo con el exmandatario, el proyecto lo empiezan a revivir desde el 18 de diciembre de 2023 cuando Pinilla le escribe para decirle que está interesado en que ese proyecto se ejecute y por eso deben hacerle unas correcciones, pero no se refirió a qué correcciones.
El entonces alcalde lo pone en contacto con el secretario de Planeación y entonces se inician las correcciones con los de infraestructura. Lo envían y solo hasta el 10 de enero de 2024, cuando ya está otra administración, Pinilla se comunica con el saliente secretario de Planeación para decirle que necesitan actualizar el presupuesto del contrato, pero este le dice que ya no está en esa administración y aun así lo vuelve a llamar el 31 de enero de 2024.
Torres Cohen no supo más de ese proyecto y por eso es que se extraña de que ahora lo pretendan involucrar en un escándalo como ese. Y puntualiza que “ese proyecto lo pudieron tomar porque estaba muy avanzado y por la connotación que tiene El Salao”.
El texto de tres páginas también involucra a contratistas y funcionarios de alcaldías de los municipios donde se habrían direccionado contratos. La Fiscalía en recientes audiencias señalaron que esas prácticas ilícitas se realizaron en Arauca, Córdoba y Bolívar. Esa investigación tiene al Ministerio de Hacienda bajo la lupa de las autoridades.
El abogado José Luis Moreno, representante de Olmedo López, confeso responsable de actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), alertó desde Washington a la comunidad internacional sobre los riesgos que enfrentan los testigos que colaboran con la justicia. Según Moreno, López ha aportado pruebas contundentes que involucran a altos funcionarios en graves hechos de corrupción y su cooperación ha sido objeto de represalias.
Moreno detalló que López entregó de manera voluntaria sus celulares a la Fiscalía General de la Nación, con los cuales “se prueba cada dicho que ha realizado en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia”
