Un proceso sancionatorio en contra del actual director de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob, inició la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) , en el marco de las medidas cautelares sobre el Cementerio San Martín, o ‘de los pobres’ en el municipio de Aguachica, Cesar.
La decisión fue adoptada debido a presuntos incumplimientos del alto funcionario de gobierno en la entrega a la Sección del cronograma y el documento con la política pública para la intervención de cementerios con posibles víctimas de desaparición forzada.
También, que a corte del 27 de octubre no había enviado tampoco el soporte de entrega de la circular a alcaldes y gobernadores elegidos en la que se ordenaba a las administraciones salientes informar a los nuevos mandatarios lo realizado durante su administración para atender la situación de las víctimas desaparecidas.
Los jueces lamentaron que se hayan completado más de 5 meses desde la audiencia pública en Aguachica, donde se ventiló la falta de una política estatal para la intervención de cementerios con posibles desaparecidos y que hasta el momento solamente ha habido algunas reuniones de la mesa interinstitucional que se le ordenó a Castañeda, pero sin avances palpables.
Para la magistratura, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha incurrido de forma injustificada en el incumplimiento de las órdenes judiciales proferidas por ellos, lo cual, no da otra salida distinta, a su juicio, que activar el proceso sancionatorio.
En tal sentido, la Sección ordenó a Franklin Castañeda que en un término máximo de 5 días entregue sus razones de oposición y respuesta al trámite de medidas correccionales, recordando que de allí depende la no aplicación de las opciones sancionatorias entre las que se resaltó un eventual arresto.
