El día en que Luis Miguel García, 58 años, víctima del conflicto armado en los Montes de María, fue incluido junto con tres hermanos en una lista de beneficiarios de una porqueriza, se sintió el hombre más feliz del mundo, porque por fin iban a paliar el hambre y la escasez que sus familias vienen padeciendo desde aquellos aciagos momentos en que fueron desplazados violentamente por paramilitares en la vereda Puente de San Jacinto Bolívar, en la que cultivaban productos de pancoger y tenían sus animales de corral. Pero tal felicidad se diluyó, como agua en la porqueriza que le entregaron a medio terminar, y, en una semana, de los 13 puercos donados, solo sobrevivió un marrano.
La porqueriza que aparecía en el plano técnico tenía 15 postes, pero la hicieron con 9; asimismo sucedió con los “chupos”, bebederos, y comederos de los cerdos. No hicieron las divisiones internas, y tampoco la poza séptica tenía las especificaciones técnicas contratada. Los cerdos llegaron a la 5 de la madrugada del 28 de abril sin ninguna certificación sanitaria del ICA, los cuales murieron en el lapso de una semana. Este periodista —conjuntamente con representantes de las comunidades y beneficiarios de esos municipios— hizo una inspección con un técnico y pudo comprobar que el contrato fue ejecutado aproximadamente en un 60% en San Jacinto y un 50% en El Guamo.
Pero hay un hecho curioso. Unos galpones y porquerizas fueron construidas en los predios de la finca La Bendición de la familia del concejal Marcos Gutiérrez. Estuve en el sitio, tomé fotos y videos, precisamente en el momento en que desembarcaron un ganado como parte de la dotación de otro contrato ($13 mil millones) para la paz y las víctimas del conflicto. El concejal Gutiérrez se encuentra en una lista anónima que apareció en 2013 sobre presuntos autores intelectuales del asesinato del concejal Argemiro Viana, conocido como “El Ciruelo”, quien recibió 10 tiros de fusil por paramilitares, en 2007 .
Por cada galpón y porqueriza se deberían beneficiar tres familias. Las víctimas beneficiarias del contrato se llevaron sus gallinas, otras se perdieron y no se sabe el rumbo que tomaron los marranos. Las gallinas y los cerdos que ví hace dos días, fueron traídos recientemente. Tampoco les hicieron las capacitaciones y las 2.160 visitas técnicas como estaba estipulado en el contrato.
La alcaldesa de El Guamo, Luz Marina Mercado Villalba, es la responsable del contrato. Ella es la ejecutora del proyecto que tiene un costo de $2 mil millones de pesos, y para eso contrató a FUNDARVIR, representada por Obeth de Ávila Galindo. Es decir, ella, el alcalde de San Jacinto y de Ávila se encuentran en una enredadera, lo mismo que el político que tramitó en Fonade y la UARIV dichas partidas. A cada beneficiario se le debió invertir cerca de $7 millones, menos los impuestos de ley y costos de administración. Como se demuestra en este informe, el objeto final del contrato no se cumplió, puesto que hoy las unidades productivas no están funcionando. Y aunque hayan entregado galpones y porquerizas a medio construir, el operador se quedó con $700 mil que debía entregarle a cada beneficiario para insumo y transporte, puesto que solo le dio $500 mil de los $1,2 millones que debían donar para ese rubro. Y todo esto lo sabía tanto el alcalde de San Jacinto como la de El Guamo.
Otra de las curiosidades que pude encontrar es que el acta No 1 del Comité Técnico de seguimiento de la ejecución del contrato aparece Oscar Jiménez, marido de la alcaldesa, como representante de la alcaldía de El Guamo, donde se tomaron decisiones importantes para hacerle un seguimiento a la ejecución del contrato. Aquí se estaría presentando un caso de usurpaciones de funciones con el fin de consolidar el fraude. También es cierto que se buscaron «beneficiarios fantasmas» para favorecer a familiares de concejales, como de los mismos alcaldes de los dos municipios.
Tengo en mi poder más de ocho (8) requerimientos del director de UMATA de El Guamo, Luis Angel Mendoza Leyva, supervisor del contrato, dirigido a la alcaldesa Luz Marina Mercado Villalba y a los operadores del contrato. El último se lo hizo el 1 de junio de 2018. En julio se retiró de la UMATA. De igual manera, el secretario de Desarrollo Económico y Ambiental de San Jacinto, Jaime Arango, el alcalde lo declaró insubsistente, porque le había puesto de manifiesto en varias ocasiones las irregularidades de ese contrato y de otro que busca el repoblamiento bovino dirigido a las víctimas del conflicto por valor de $13 mil millones que tiene el mismo «modus operandi» de la ejecución de este de $2 mil millones. (Vea el segundo informe).
La directora de la organización ODDC, Blanca Victoria Sabagh, quien ya está aburrida de presentar denuncias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, le dirigió un derecho de petición a Fonade, cuya jefe de jurídica, María Carolina Zuñiga Hernández, le respondió:
«En atención a que los compromisos adquiridos no se cumplieron dentro de los términos otorgados, se procedió a requerir al municipio en calidad de entidad ejecutora el pasado 31 de mayo de 2018 con el fin de que a más tardar para el 18 de junio de 2018 se remitiera la información que diera cuenta de la ejecución total del proyecto, ya que vía correo electrónicos de fechas 02 de abril y 17 de mayo se había solicitado la entrega de la información con sus debidos soportes y esta no fue remitida en su oportunidad, advirtiendoles el inicio de los procesos a los que haya lugar en un eventual incumplimiento de las obligaciones a su cargo».
Si la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría quieren el expediente de este caso, con mucho gusto se los entrego para que inicien las investigaciones respectivas. Es decir, cada una de estas entidades pueden empezar la investigación de oficio. También cualquier ciudadano puede hacerle llegar este informe de investigación para que construyan una hipótesis criminológica (caso la Fiscalía) a fin de dar con los responsables de esta falta de transparencia en el manejo de los recursos dirigidos a la reparación integral de las víctimas y construir una paz duradera en nuestro territorio que fue azotado por la guerra.
El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE- es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP). El gerente general de Fonade, Álvaro Balcázar, recibió un informe técnico donde se pone de manifiesto que es una entidad en alto riesgo, que no está cumpliendo con su objeto social y se ha convertido en un nido de ratas. Es ineficiente y un fortín para el clientelismo político, al buen estilo de los políticos de las diferentes regiones del país. O sea, que los defraudadores de estos contratos para las víctimas y la paz, vienen desde el gobierno central y del congreso. El gobierno porque los otorga y el congreso porque los recibe. ¿Quieren una pista? Un familiar de la alcaldesa de El Guamo es el eslabón que conecta con Fonade.
El gerente de Convenio de Fonade, Jairo Fidel Ortega Chaparro, fue uno de los capturados por el caso de corrupción en el convenio entre Coldeportes y el alcalde de El Peñón, Arling Arias. Ortega es el actual gerente de convenio de Fonade y está a cargo del contrato que tiene el Fondo Financiero con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). La investigación da cuenta de que Arias, alcalde municipal, sería muy cercano al exsenador Antonio Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio por tres mil cuatrocientos noventa y un millón de pesos ($3.491’000.000), para la construcción del escenario deportivo fantasma. Sobre este tema de El Peñón publicaré próximamente.
¿Adónde va a parar la plata de las víctimas?
Los beneficiarios son unos convidados de piedra que ni siquiera socializaron con ellos el proyecto ni tampoco adoptaron los mecanismos de control. Si los beneficiarios no resultaron beneficiados, ¿quién se benefició? ¿Adónde fue a parar esa plata? ¿Qué papel ocupó el hijo de la alcaldesa, Oscar Jiménez Mercado, en todo este embrollo?
Mientras que en San Jacinto algunos beneficiarios estuvieron dispuestos a hablar, cosa diferente fue en El Guamo, donde muchas de las víctimas fueron calladas con $300 mil en efectivo y otras coaccionadas por fuerzas oscuras, ya que todavía impera el miedo al paramilitarismo. En las veredas de esos municipios no existe libertad, mucho menos de expresión. En El Roble y Nervití y Eneas los beneficiarios también fueron engañados. Les da miedo denunciar, porque todavía está fresca la sangre derramada por familias humildes e inocentes que fueron victimizadas por el simple hecho de quedar atrapadas entre dos fuegos. Las víctimas son manipuladas con la esperanza de recibir beneficios de inversiones millonarias que nunca les llega, como es el caso de las porquerizas. Y si les llega, es en forma de “parampampam” (para que crean que se hizo) y justificar en sus informes de ejecución del contrato para recibir el dinero sin cumplir con sus obligaciones contractuales. Es decir, hacen el “parampampam” para robarse la plata.
García hace parte de las 270 víctimas del conflicto de El Guamo y San Jacinto beneficiarias del proyecto denominado “Establecimiento de unidades productivas de maíz, cerdos de engorde y gallinas ponedoras, como fuente de generación de ingresos para las familias víctimas del conflicto armado en los municipios de El Guamo y San Jacinto, departamento de Bolívar”, radicado bajo el contrato No RE—001-2017 con recursos de Fonade, la Unidad Nacional de Víctima (UARIV) y las alcaldías de esos municipios montemarianos. El contrato costó casi $2 mil millones, en aras de la exactitud; $1.996.604.896. La ejecución del contrato finalizó el pasado mes de marzo de 2018, y solo falta por pagar aproximadamente $180 millones (8% del costo total) al operador privado FUNDARVIR, cuyo representante legal, Obeth de Ávila, no aparece por ningún lado ni siquiera para reclamar el resto de la cuenta.
No conocen a ningún Fundarvir en el domicilio que reportó en la Cámara de Comercio de Cartagena y en los documentos contractuales. Fui a la siguiente dirección de Manga (Cartagena): Calle 29 No 17—239, diagonal al Cementerio de Manga. Allí funciona una cancha sintética y a la entrada la heladería «Bendito Arroz». Pregunté que si alguna vez había funcionado la fundación Fundarvir y me dijeron que no. Pregunté por Obeth de Ávila, y me dijeron que solo un familiar de él a veces llega por esos lugares. Me dio la impresión que estaba buscando el paradero de una persona jurídica fantasma, a juzgar porque no aparece su domicilio de operación ni tampoco para notificaciones, ni en San Jacinto ni en Cartagena de Indias.
Contrato Plan para la Paz
El Departamento de Planeación Nacional (DNP) suscribió el contrato interadministrativo de Mandato con Fonade No DNP 546-2016 (No 216138) que tiene como objeto:
«Realizar la administración y operación del Fondo Regional de los contratos Plan con los recursos que ingresan a este y los demás que sean transferidos para facilitar la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos, metas y resultados acordados en cada Contrato Plan y lograr la articulación y convergencia de recursos disponibles realizando las actividades que garanticen la operación de éste, cuyo término de ejecución es hasta el 31 de julio de 2018».
El proyecto se planeó con tres (3) líneas productivas: (I) cultivo de 80 hectáreas de maíz, (II) 30 porquerizas con los cerdos, y (II) 20 galpones con sus respectivas gallinas ponedoras. Fonade puso $1.357.381.702 (68%), Unidad de Victima $339.445.354 (17%), El Guamo $149.874.640 (7.5%) y San Jacinto $149.874.640. Las cuatro entidades realizaron el convenio interadministrativo que derivó en el contrato específico radicado con el No 031-20171481. Fonade expidió el registro presupuestal (No FGP 4126) el 5 de junio de 2017, San Jacinto lo hizo (No 336) el 14 de agosto y El Guamo (No 9900239) el 15 de junio de 2017. El contrato tuvo un plazo de ejecución de 6 meses a partir de la última fecha de la expedición del certificado presupuestal, esto es, el 15 de junio. Es decir, que debió quedar completamente ejecutado el pasado 15 de diciembre de 2017. Sin embargo le concedieron una prórroga de dos meses, es decir, hasta el 15 de febrero de 2018.
El 3 de marzo de 2018, sucedió algo muy importante en la reunión del Comité Técnico de Ejecución del contrato que la directora de la Unidad de Víctima de Bolívar (UARIV), Miledy Galeano Paz, quien presidió la reunión, debió prender las alertas. A este Comité asistieron todos los representantes de los actores del proyecto, incluyendo René Camelo Ramos, de Fonade, excepto los beneficiarios, razón de ser del mismo proyecto, lo cual desdice de la finalidad social del mismo. Claudia Moreno Sarabia, supervisora del contrato por parte de la UARIV dejó sentada en el acta lo siguiente:
«Manifiesto mi preocupación por los dos galpones que ubicados en la finca Santa Barbara debido a que ninguno de los dos beneficiarios es dueño de esa finca, y han dicho que se van a llevar sus gallinas para sus casas y los galpones le van a quedar al concejal dueño de los predios, según dicen los mismos beneficiarios. Que no concertaron con ellos y que solamente los llamaron el día cuando les iban a entregar las gallinas y los insumos, de igual manera sucedió con una porqueriza».
Por su parte Daniel Olaya, también de la UARIV, dijo:
«La alcaldía de San jacinto (Abraham Kamell Yaspe) debe una explicación frente a la situación expuesta por Claudia Moreno, y la alcaldía de El Guamo (Luz Marina Mercado Villalba), en su calidad de ejecutor, debe devolver los recursos invertidos en predios ajenos a los beneficiarios».
Lo curioso es que en ese Comité Técnico estaban los alcaldes aludidos. Abraham Kamell Yaspe, dijo:
«El proyecto tiene falencias. Yo ni conozco al representante legal de FUNDARVIR. Si los beneficiarios firmaron las actas de entrega de galpón y de los insumos, es porque estaban de acuerdo con todo, por lo tanto debieron mostrar sus inconformidades en ese momento».
¿El alcalde de San jacinto, Abraham Kamel Yaspe desconoce que entre los beneficiarios están Jorge Yima Kamell Yaspe y Hasam Kamell Carvallo, su padre? Observen bien de quién es la finca donde se construyeron algunas de las porquerizas y galpones. También verifiquen las que se construyeron en la finca de Elino Fernández, concejal del municipio. ¿Cinismo del alcalde de San Jacinto? Cualquier interpretación que se le dé a las declaraciones del alcalde de San Jacinto o de la alcaldesa de El Guamo, es irrelevante. La verdad verdadera está documentada, porque actuaron con alevosía para apropiarse los recursos dirigidos a las víctimas del conflicto.
De esta manera, representantes de victimarios, revictimizan a una población hambrienta, empobrecida que observa con esperanza los anuncios de prensa sobre multimillonarias inversiones para la paz (Contrato Plan) y las víctimas, pero se quedan en los bolsillos de los mismos actores que hicieron posible la primera victimización. Y lo que es peor, las organizaciones de víctimas se convierten en cómplices cuando quedan en silencio esperando una esquirla de esa rebatiña.
De esta manera los dineros para la paz y las víctimas se van como «agua en porqueriza hacia la poza séptica».
Mientras tanto, Luis Miguel García, 58 años, y sus dos hermanos Luis Alberto y Orlando Miguel García, como parte de los 270 «beneficiarios» de este engaño, se quedaron con la esperanza de recuperar sus lechones y terminar la porqueriza. Del ahogado, solo le quedó el sombrero, el pobre marrano que terminará pagando los platos rotos en diciembre de 2018 que se convertirá en sabroso chicharrón con yuca que venderán en la orilla de la carretera Troncal del Caribe. Hasta de pronto la alcaldesa de El Guamo se vaya a comer un chicharrón del pobre marrano.
