Redacción: Laregional.net
La Mesa De Derechos Humanos y Territorios del Cesar (MDHTC) rechaza y repudia el homicidio, las amenazas y las agresiones de las que han sido víctimas líderes sociales y defensores de derechos humanos que despliegan su trabajo en el departamento del Cesar.
Aduce la mesa que si bien es cierto que los hechos que se han presentado en el Cesar no revisten las dimensiones de lo que ha venido sucediendo en otras regiones y departamentos, ello no debe llevar a equívocos en el sentido de pensar que: “Aquí no ha pasado nada, ya que la ocurrencia de un solo homicidio o una sola agresión debe ser suficiente para que se tomen todas las medidas a que haya lugar”.
En un comunicado, la Mesa “llama la atención sobre la magnitud y gravedad que un fenómeno como el exterminio social ―la muy mal llamada “limpieza social”― tiene en el departamento del Cesar, la cual se expresa tanto en la periódica aparición de panfletos y pasquines amenazantes, como en la ocurrencia misma y nada infrecuente de homicidios, que afectan a sectores poblacionales socialmente estigmatizados, ya sea porque se les endilga su participación real o presunta en actividades ilícitas ―abigeos, cuatreros, ladrones, atracadores, expendedores de sustancias psicoactivas (SPA)…― o porque no encajan en los tópicos de las conductas normalizadas ―población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD) o migrantes provenientes de Venezuela―. Estas campañas y acciones de exterminio social no sólo generan una atmósfera enrarecida que afecta la percepción de seguridad del territorio, sino que en no pocas ocasiones termina incluyendo también a los líderes sociales y a las personas defensoras de derechos humanos en las narrativas que promueven”.
La MDHTC reiteró la solicitud que viene haciendo hace varios años, para que la Gobernación del Cesar y el Ministerio del Interior, instalen la Mesa Territorial de Garantías referida a la protección de las personas defensoras de derechos humanos.
De igual modo, exigen la implementación efectiva y oportuna del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas Farc-Ep especialmente en los temas relacionados con la protección de los excombatientes firmantes del referido acuerdo y el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y criminales.
De igual modo, insisten en el llamado a las partes para que se aclimate un escenario en el que se puedan reanudar la mesa de dialogo con el Estado y el ELN.
