Frente a los hechos mencionados recientemente en diferentes medios de comunicación concernientes a la empresa Urrá S.A. E.S.P., los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, informaron que el pasado 8 de febrero de 2024, en Junta Extraordinaria 364 de la empresa, la mayoría de la Junta Directiva solicitó el retiro de Rafael Amaya Del Vecchio de la Presidencia.
Tras su retiro, Amaya interpuso una acción de tutela para ser reintegrado en el cargo.
El 4 de marzo de 2024 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, en primera instancia, ordenó su reintegro y concedió la protección a los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, salud, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y trabajo alegados por Amaya del Vecchio en su acción de tutela.
Esta sentencia fue impugnada por parte de la empresa Urrá S.A. E.S.P. Posteriormente, el 29 de mayo de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Montería, actuando como juez de segunda instancia, revocó el fallo que ordenaba el reintegro del señor Amaya del Vecchio y negó por improcedente la acción de tutela que dio lugar al mismo.
Por cuenta de lo anterior, la Junta Directiva de Urrá, en sesión ordinaria #374, decidió ratificar la terminación del contrato a Amaya Del Vecchio.
Según los estatutos de la compañía, la celebración de los contratos de energía no requiere aprobación de la Junta Directiva. De acuerdo con esto, en el marco de la política del gobierno nacional por la justicia tarifaria, en especial en la Región Caribe, se tuvo conocimiento de presuntas irregularidades.
Lo anterior al solicitar información respectiva a los precios a los que Urrá S.A. E.S.P. ha venido comercializando la energía, las empresas con las que se ha contratado, los mecanismos utilizados y las modalidades de contratación, así como los tiempos de duración de dichos contratos.
Los ministerios solicitaron a Urrá S.A. E.S.P. activar una auditoría específica sobre los hechos mencionados y contratar una auditoría forense que permita disipar cualquier duda respecto de dichos contratos. El 31 de julio de 2024 se dio instrucción a los representantes de los ministerios en la Junta Directiva, exigir al actual gerente encargado de la compañía, Eduardo Díaz, suspender cualquier contrato de venta de energía.