El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo lleva varios años buscando la Presidencia de la República. En su militancia uribista ha hecho dos intentos y va para el tercero. En las elecciones del 2014 compitió para ser el ungido por el mesías del Uberrimo y debió conformarse con ser la fórmula vicepresidencial del derrotado Oscar Iván Zuluaga. En el 2018 perdió en el sistema de encuestas inventado por el expresidente y exsenador Uribe para la candidatura por el Centro Democrático y se resignó a cargarle la maleta al hoy Presidente Iván Duque y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, escogida en la consulta uribista. Una perseverancia y ambición que no tendría mayores cuestionamientos sino fuera porque abusa de sus funciones y porque se atornilla en el puesto hasta el último día en que la inhabilidad legal se lo permita.
La peligrosa instrumentalización de las armas de la República y la seguridad del Estado con fines electorales estrictamente personales es razón poderosamente suficiente para que el Presidente Iván Duque lo separe del cargo o para que el Congreso le aplique la Moción de Censura. Pero otra razón nada despreciable que también justifica su inmediata salida tiene que ver con su pésima gestión y la ausencia en su ministerio de una política de seguridad nacional. La única reducción de los homicidios, de 691 casos entre marzo y mayo del 2020 respecto al 2019, se lo debemos a la pandemia. Con la “nueva normalidad” volvieron o se incrementaron las cifras que traíamos: 992 homicidios a junio de 2020 contra 972 en el mismo periodo del 2019, 1104 en agosto de 2020 respecto a 1.080 del año anterior. Ello, mientras según Indepaz a octubre 20 se registró 68 masacres con un saldo de 270 personas brutalmente asesinadas, han acribillado 236 líderes sociales y 51 excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz.
Con el retorno del Uribismo al poder y en las propias narices del ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, se han consolidado verdaderos enclaves criminales en regiones como el Sur de Córdoba, el bajo cauca Antioqueño, el pacifico nariñense, el Catatumbo y los departamentos del Cauca y Putumayo. Entramados ilegales en donde se han establecido “autoritarismos subnacionales” que evidencian la vocación de dominio territorial de economías ilegales y bandas criminales, aliadas con agentes del Estado y actores políticos locales. Mención especial merecería el fracaso de los programas de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito mientras se paralizó el Programa de Sustitución voluntaria (PNIS) derivado del Acuerdo de Paz. O la desastrosa, costosa e ineficiente operación “Artemisa” con apenas 5.917 hectáreas de parques naturales recuperados frente a la deforestación de 76.157 hectáreas de bosque primario en la Amazonía entre enero y junio del 2020, resultados que ni siquiera merecen su mención en los balances y alocuciones oficiales.
Ni que decir de los hechos de corrupción que siguen ocurriendo en las Fuerzas Militares al amparo del Ministro en campaña. Luego de la “Operación Bastón” que develó estructuras corruptas en el manejo de información y recursos en las instituciones castrenses y de los cambios en la cúpula militar realizados por el Ministro Trujillo se han detectado graves irregularidades en los procesos de contratación pública a todos los niveles. Falsificación y alteración de documentos, vicios de procedimientos, omisiones en denuncias de las irregularidades, manipulación de precios en insumos y servicios, aprobación de precios artificialmente bajos y monopolio amañado en la adjudicación de los contratos, constituyen la larga lista de ilegalidades.
Pero resulta también insostenible en una democracia respetable, un Ministro de la Defensa que abusa de una narrativa anacrónica propia de la guerra fría o del “enemigo interno” que deriva en una permanente estigmatización y criminalización de la protesta social. Lugar central en este reportorio argumental de corte dictatorial ocupa la reiterada persecución de la oposición política con operaciones de espionaje ilegal o con amenazas abiertas contra líderes y movimientos políticos opositores o contra el periodismo crítico. Y no puede estar el ministerio encargado de proteger con las armas la integridad de las instituciones democráticas en manos de alguien que irrespeta al Congreso y desacata las decisiones de las Cortes y los jueces, como lo acaba de hacer respecto a la ilegal presencia en territorio colombiano de la Brigada de Asistencia Militar del Comando Sur del Ejército norteamericano o con el reconocimiento y solicitud de perdón por los hechos de represión policial en Bogotá.
Es legítimo que Carlos Holmes Trujillo quiera ser “el que diga Uribe” en el 2022. Que cumpla su aplazado sueño de vivir en el Palacio de Nariño. Que aspire a ocupar la silla que le ha quedado grande a Iván Duque. Pero que haga abiertamente proselitismo armado con las armas del Estado es un verdadero riesgo para nuestra ya maltrecha democracia. Ministro, si está ansioso por hacer campaña, ¿por qué no se va?.
