La solicitud del debate de moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, parece haberse convertido en una piedra en el zapato para el presidente del Senado, Ernesto Macías, quien decidió que la petición hecha por un grupo de congresistas, en cabeza del senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, era improcedente y no cumplía con los requisitos constitucionales.
En su momento Macías decidió, junto al primer vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, no someter a votación el debate solicitado aduciendo que este no satisfacía los presupuestos constitucionales para su procedencia. Por lo tanto, la mayoría de la mesa directiva había acordado no darle trámite a la solicitud.
La postura del uribista no fue acompañada por la segunda vicepresidente, Angélica Lozano, quien decidió apartarse aduciendo que esta vulneraba derechos fundamentales a la libertad de expresión, control político y participación política.
Luego de varias semanas, se conoció que el Consejo de Estado estudia una demanda de pérdida de investidura contra los senadores Ernesto Macías, del Centro Democrático, y Eduardo Pulgar, del Partido de la U, por haberse extralimitado en sus funciones como presidente y primer vicepresidente del Senado.
Según el demandante, Fredy Alejandro Güiza, los congresistas cometieron tal extralimitación al no someter a votación la moción de censura ante la plenaria del Senado y negarla de manera anticipada porque la consideraron improcedente, hecho que fue rechazado por su principal ponente, el senador Robledo, el cual indicó que se trataba de una “jugarreta” del senador Macías para encubrir a su copartidario de la cartera de Hacienda.
Como consecuencia, el accionante evocó en la demanda el procedimiento que se debe surtir para esta medida expuesto en el artículo 135 de la ley 5 de 1992, el cual, según afirma, se cumplió a cabalidad.
En la demanda se expone también un conflicto de interés por el cual Macías debió apartarse de la decisión, debido a que el ministro citado hace parte de su misma colectividad política. Ante esto, el alto tribunal deberá estudiar ahora si la conducta de los dos miembros de la mesa directiva del Senado fue más allá de lo que les permitía la ley. Fuente consultada: Caracol Radio.
