En una mesa de diálogo entre representantes de Cerrejón, el Gobierno departamental y miembros del Movimiento Indígena Nación Wayuu, buscan encontrar soluciones al pliego de peticiones que llevaron a las autoridades tradicionales a una manifestación pacífica desde el pasado 15 de enero.
El encuentro se desarrolló en la oficina de la Secretaría de Gobierno de La Guajira con el acompañamiento del jefe de esta cartera, Misael Velázquez; la secretaria departamental de Asuntos Indígenas, Kenia Ojeda; el gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón, Raúl Roys; autoridades tradicionales y miembros del Movimiento Indígena Nación Wayuu.
Allí se debatieron los puntos establecidos en el pliego de peticiones; las autoridades tradicionales fueron enfáticas en que se debían solucionar los inconvenientes que se han presentado en el marco de la Sentencia T-704, relacionada con el proceso de consulta previa en comunidades como Moolu. La autoridad de esta comunidad, Anselmo Pushaina, fue contundente en señalar a Cerrejón como responsable de los conflictos causados con otra comunidad para entorpecer el proceso.
“Si nos toca mudarnos a Puerto Bolívar, nos mudamos, pero necesitamos una solución sobre la consulta previa”, aseguró la autoridad en su lengua materna wayuunaiki.
Para el caso específico de Moolu, se acordó una mesa de trabajo con toda la institucionalidad para tratar de manera particular este tema y encontrar soluciones que permitan adelantar la consulta previa en su territorio.
“Ya se están adelantando los contactos pertinentes para coordinar las agendas y poder estipular una fecha para dar inicio a esta mesa. Como lo hace un palabrero wayuu, nos sentaremos con cada comunidad para dar solución a este conflicto”, expresó la secretaria de Asuntos Indígenas, Kenia Ojeda.
Otro de los compromisos pactados fue reactivar las mesas de diálogo lideradas por el viceministerio del Interior, quien, en mesas anteriores se comprometió a desarrollarla cada 45 días, pero desde el mes de agosto del año pasado estas no se realizan. En estos encuentros se busca hacerle seguimiento a dicha sentencia, así como darles el reconocimiento a estas comunidades que desde hace cerca de 40 años vienen siendo afectadas por la operación minera de Cerrejón.
La seguridad en el territorio fue otro de los puntos puestos sobre la mesa, no solo por los atentados que viene sufriendo la compañía minera y que afectan al pueblo wayuu, sino también por las amenazas de las que ha sido víctima el director del MINW, José Silva Duarte. Al respecto, se busca articular esfuerzos entre el Gobierno departamental y Cerrejón para brindar mayor seguridad en esta zona.
“La seguridad es un tema que nos preocupa a todos y que cada vez se está volviendo peor. Esta es la oportunidad para que convoquemos a todas las autoridades y que juntos veamos qué podemos hacer para darle mayor seguridad a los territorios”, manifestó Raúl Roys, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón.
Frente a la devolución de las regalías al departamento de La Guajira, las partes precisaron que le compete al Gobierno Nacional y, en ese sentido, el compromiso fue hacer el puente y todo el acompañamiento para hacer esta exigencia al Estado. Sin embargo, con la empresa Cerrejón se acordó hacer más seguimiento a las acciones de responsabilidad social de la empresa para garantizar que se beneficien a las comunidades wayuu.
“En La Guajira no hay ni una sola obra relevante que se haya hecho con recursos de regalías, mientras este dinero que se saca de los recursos naturales de este territorio, se va a otros departamentos donde sí se hacen megaproyectos. Estamos en todo el derecho de exigirle al Gobierno Nacional que nos devuelva las regalías”, aseveró el director del MINW, José Silva Duarte.
Las autoridades tradicionales destacaron que seguirán en asamblea permanente mientras se logra poner en marcha estas acciones que buscan dar solución a los inconvenientes que se han tenido en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-704, sobre el derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada.
