En las últimas semanas el gobierno del presidente Iván Duque ha tenido discrepancias con la Organización de Naciones Unidas (ONU) por temas relacionados con al Acuerdo de Paz firmado con la exguerrilla de las Farc. A esto se suman una serie de ‘pullas’ que algunos miembros del uribismo han enviado al organismo internacional.
Este jueves se conoció que la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas se pronunciaron sobre el crecimiento de la violencia.
“Instamos al Gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”, expresó Callamard desde Suiza.
A renglón seguido, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, se pronunció desde su cuenta de Twitter: “Esto de la ONU es inaceptable, rechazamos totalmente estas afirmaciones. ONU pide al Gobierno dejar de incitar violencia contra excombatientes – Europa – Internacional”.
Luego se dirigió a medios de comunicación y aseguró que las Naciones Unidas están actuando de manera que “no hay garantía para la democracia colombiana”. Según Uribe, es absurdo que la organización diga que el gobierno está incitando la violencia, pero además criticó la respuesta débil de algunos funcionarios del gobierno.
“Lo que hay que decirle a las Naciones Unidas es que respete que este es un gobierno decente. Además, Naciones Unidas sabía que la JEP iba a liberar a Santrich. ¿Qué garantías da Naciones Unidas para el país?”, resaltó Uribe a la prensa.
Según el congresista, la ONU sabe que en algunos espacios territoriales los grupos disidentes de las Farc están “preparando acciones terroristas”, sin embargo, el organismo no protege al país.
Tensiones con la ONU
El director de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, León Valencia, le escribió este jueves a Duque desde Twitter y le preguntó si invitará este año al relator de derechos humanos de este organismo para que haga su informe sobre Colombia a pesar de las tensiones que ahora tiene su gobierno con las Naciones Unidas.
“Sería muy grave que no lo hiciera y no faltará quien le aconseje esto”, agregó Valencia.
De acuerdo con el analista, en este momento hay un escalamiento de las confrontaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano y las Naciones Unidas, y el temor es que el gobierno colombiano siga escalando esto.
Normalmente, las oficinas de Naciones Unidas hacen informes periódicos sobre los países y, en este momento, la oficina de derechos humanos tiene los ojos puestos en Colombia porque se ha escalado la violencia. Están asesinando a los líderes sociales y a los excombatientes, y en ese sentido, querrán hacer un balance de cómo va la implementación del acuerdo.
Por consiguiente, pedirán el permiso del gobierno o esperarán una invitación para realizar el informe. Si no sucede de esa manera, “eso crearía una situación muy difícil frente a este organismo porque es el máximo lugar de encuentro de todas las naciones del mundo. Ni siquiera los regímenes más duros, más aislados excluyen una buena relación con Naciones Unidas”, apuntó Valencia.
En últimas hay una preocupación de que eso ocurra y por eso el llamado de Valencia a Duque para que no siga entorpeciendo las relaciones a nivel internacional.
Otras razones del enfriamiento en las relaciones
Según el analista, las tensiones entre las partes vienen desde el momento en que el gobierno decidió objetar seis (6) puntos de la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo judicial creado a partir del pacto de paz, debido a que el organismo internacional ha apoyado el acuerdo desde el principio.
Otro episodio que desató la división entre las partes fue el escándalo del líder exguerrillero Seuxis Pausias Hernández, quien estuvo más de un año en prisión por un presunto caso de narcotráfico luego de haber firmado el pacto.
En principio estaba cobijado por la JEP, sin embargo, la Fiscalía en repetidas ocasiones aseguró que este proceso debía ser investigado por la justicia ordinaria por los tiempos en los que se había cometido el delito.
A partir de ese momento las mayorías a favor del Acuerdo de Paz y organismos internacionales apoyaron las versiones dadas por Santrich, mientras que el gobierno y su bancada empezaron una pelea jurídica sobre el futuro del excombatiente.
A los dos momentos mencionados con anterioridad, se suman también los asesinatos de líderes sociales y de miembros de las Farc ya desmovilizados y en proceso de reincorporación a la vida civil, lo cual ha encendido las alarmas a la comunidad internacional, y en especial a la ONU.
Ahora bien, “una cosa debería ser el gobierno, otra el Centro Democrático porque si se confunden esas dos instancias se terminará de enturbiar el contexto”, aseguró.
Según Valencia, sería una dificultad si Duque acepta que cada intervención del Centro Democrático se convierta en una vocería del gobierno.
