No hay articulación institucional y la desnutrición hace mella en La Guajira

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Redacción: laregional.net-

En el departamento de La Guajira poco se ha avanzado en lo establecido en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que ordenó proteger la vida de los niños y niñas indígenas menores de cinco años de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.

La desnutrición es uno de los problemas más graves en La Guajira, en donde los protagonistas son los niños y niñas, que sufren sus consecuencias por diversas razones como el poco interés de las autoridades por acercarse a sus territorios y proveerlos de todo lo que requieren para que gocen de un crecimiento sano como el acceso a una adecuada alimentación, a agua potable, salud y educación.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, revela que en La Guajira los menores siguen sufriendo por desnutrición aguda y crónica.

Además que la desnutrición es una de las más graves vulneraciones contra el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al desarrollo integral de la niñez. Tiene consecuencias –a veces irreparables- de orden cognitivo, físico, psicológicos, emocional, y en el peor de los casos, mata.

Las cifras revelan por ejemplo que los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

A partir del número de casos registrados por el INS, entre los años 2017 y 2020, la desnutrición aguda en menores de cinco años ha presentado una tendencia a la disminución. Por ejemplo, entre el año 2019 y el 2020 se evidencia una notable disminución del 40%.

Así pues, este cambio en la tendencia podría deberse, en parte, a la implementación del Plan Nacional contra las muertes por Desnutrición  Ni 1+, del Gobierno nacional, que inició en enero de 2019; pero esta iniciativa está focalizada en los departamentos que han presentado las tasas más altas de mortalidad por y asociada a desnutrición desde 2018.

Entre el año 2017 y 2020, el INS, en el Informe de Evento epidemiológico de Desnutrición Aguda, Moderada y Severa en Menores de 5 años, registró 54.693 casos con desnutrición aguda. A 31 de diciembre 2020, se tuvo conocimiento de 10.973 casos, de los cuales, 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) son niños y niñas de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Estos fueron los departamentos que presentaron el mayor número de casos registrados de niños: Bogotá (1.756), La Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

Según la Ensin 2015, la desnutrición crónica evidencia una disminución en la última década: se pasó de una prevalencia de 16% en el año 2005 a 10,8% en el año 2015.

En relación con la desnutrición crónica en la primera infancia, el país ha disminuido la tendencia en el número de casos. Asimismo, la encuesta muestra que la mayor prevalencia de desnutrición crónica se encontró en niños y niñas indígenas (29,6%) y en la zona rural (15,4%), en comparación con la zona urbana (9%).

De la misma forma, muestra que las tres regiones con alta prevalencia de este fenómeno son Bogotá (13,0%), la región Atlántica (12,1%) y las regiones de Orinoquía y Amazonía (12,3%).

El informe revela que los departamentos que registraron el mayor número de menores fallecidos por desnutrición en el año 2020, fueron: La Guajira (48), Atlántico (22), Valle del Cauca (14), Bolívar (12), Cesar (12) y Chocó (10).

La falta de una adecuada articulación entre las instituciones del Gobierno nacional, el departamental y los entes territoriales de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, no ayuda a que se trabaje de manera concertada a través de los diferentes programas que tienen como objetivo proteger a los niños y niñas menores de cinco años.

Para la Defensoría del Pueblo, la articulación de las instancias debe hacerse tanto a nivel nacional como territorial. Eso exige la interacción con todos los espacios y mecanismos diseñados para el seguimiento de la implementación de la política pública, y en general, para la protección y garantía de los derechos de niñas y niños.


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