Nuevamente el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el Cesar está en la lupa de las autoridades. Recientemente la Procuraduría emitió una alerta por posible incumplimiento de los compromisos, presuntamente hay irregularidades detectadas por el organismo de control debido a que la Gobernación anuló la adjudicación del acuerdo con el contratista que se encargaría de la distribución de los insumos.
Según la entidad, las irregularidades se habrían presentado en las etapas de evaluación y calificación de las dos únicas empresas que se presentaron al concurso para obtener el contrato del PAE.
Además, desde la oficina delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, tratan de establecer posibles inhabilidades y conflictos de interés que se presentaron en el proceso de selección de las contratistas, pero también estudian posibles intereses políticos que deberán ser investigados.
Este contrato tiene como objetivo que se almacene y suministren las raciones alimentarias que deberán ser entregadas a las instituciones oficiales de zonas rurales del departamento y que habría sido adjudicado a inicios del 2023 por un valor de 48.739 millones 961.016 de pesos.
La Procuraduría, desde finales de diciembre, pidió a las autoridades regionales que verifiquen juiciosamente las condiciones de los contratistas para garantizar que se preste un correcto servicio de alimentación a los menores de edad, pues resaltaron que, estos alimentos pueden ser la única comida que reciben los estudiantes durante el día.
Este no es el único caso en el que se denuncian presuntos actos de mal uso de los recursos destinados por el Gobierno Nacional para el PAE. La Procuraduría tiene la lupa puesta sobre la adjudicación de este contrato en varios departamentos, en donde se, hasta finales del 2022, sólo se habría presentado un sólo proponente para licitar los contratos, afectando el objetivo de realizar un concurso para la contratación a nivel estatal.
