Quedaron sin luz cuando iban a sesionar sobre posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución de más de $1.200 millones, y el desvío de recursos.
Los 16 nuevos concejales de Valledupar, en remplazo de los sancionados por la Procuraduría, llegaron con las ‘pilas’ puestas para ejercer control político a la administración del alcalde Augusto Ramírez Uhía en los menos de 40 días que faltan para terminar este periodo. Estos se suman a los tres que quedaron en la corporación, para completar sus 19 integrantes.
En esa tarea estaban la mañana de este lunes, cuando se disponían a debatir el polémico contrato 1011 el 3 de julio de 2018, que a decir de los corporados está plagado de irregularidades. Justo cuando el concejal ponente del debate, Ricardo Vives, se alistaba para hacer su intervención, en el que revelaría las supuestas anomalías, se fue la luz en el recinto.
Antes ya había cierto malestar porque a las 8:00 de la mañana, cuando los concejales llegaron a sesionar encontraron que el sistema de aire acondicionado no funcionaba. No obstante, después de esperar media hora, instalaron la jornada a pesar del calor; pero 10 minutos después, se fue la energía solo en esas instalaciones, ya que en el resto del edificio donde también funciona la Alcaldía y en el sector en general si había el servicio.
A la sesión habían sido convocados el secretario General de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga, quien firmó el contrato de prestación de servicios con la Fundación Creciendo con Cultura, por más de 1.200 millones de pesos cuyo objeto era el apoyo logístico en la organización y ejecución de eventos para la promoción de actividades y programas realizados por el Municipio de Valledupar-vigencia 2018, con un plazo de ejecución de seis meses; el secretario de Hacienda Saúl Martínez, encargado de los pagos del mismo; y el jefe de la Oficina del Adulto Mayor de Valledupar, Jaider Rincones. No obstante, Lechuga se excusó indicando haber sufrido una lesión lumbar.
Vives señaló que “coincidencialmente cuando llegamos a hacer un debate de control político a este contrato, al que le hemos hecho reparos por posibles irregularidades en la adjudicación y la ejecución, al parecer con sobrecostos y conflicto de interés, cosa rara se dañaron los aires acondicionados, y después cuando me dan la palabra para hacer la ponencia y sustentar todo lo que pretendo demostrar con esto, se va la energía solamente en el recinto del Concejo, por lo que creemos que se trató de un sabotaje por parte de la administración municipal, ya que pensamos que no tiene los argumentos suficientes para confrontar lo que pretendemos revelar”.
Por su parte, el concejal John Jairo Díaz sostuvo que lo ocurrido es un un mensaje “muy negativo” para la ciudad. “La actuación de la administración está enrarecida en la opinión pública; lo que queremos es que entregue las explicaciones frente a este contrato y sus posibles inconsistencias”, añadió.
Entre las obligaciones del operador está que debía contratar a cuatro personas para su ejecución, lo cual no cumplió, lo que conllevó a que no pagara parafiscales, ni seguridad social.
El contrato establece además un cronograma de actividades y compromisos que no se cumplieron, además que el domicilio de dicha Fundación no corresponde a su lugar de funcionamiento, pues la dirección que entregó es de una casa de familia en Valledupar.
“La dirección que entregaron donde presuntamente está ubicada la empresa es la dirección donde vive la madre y familiares de una funcionaria de Secretaría General, quien funge como apoyo a la supervisión del contrato y quien proyecta los oficios, además que tendría vínculos con el representante legal de la Fundación Creciendo con Cultura -Leonid Arturo Martínez-”, precisó el concejal Ricardo Vives.
La otra posible irregularidad, según el concejal Díaz, es la toma de $167 millones de la estampilla del adulto mayor, que según la norma tiene destinación específica solamente para construcción de centros de vida, mantenimiento y operación de los mismos. Díaz aseguró que los recursos se los habrían gastado en refrigerios, brindis, contratación de sonido y poner primeras piedras de obras como la glorieta de La Ceiba, los parques La Provincia, Casimiro y la inauguración del patinódromo; así como en pagos para una rendición de cuentas de los 1.000 días de gobierno del alcalde Augusto Ramírez Uhía.
El secretario de Hacienda de Valledupar, Saúl Martínez, señaló que “es resorte de la Secretaría General el contrato y es la que tiene los argumentos para controvertir los señalamientos de los concejales; en cuanto a lo que nos compete como Secretaría de Hacienda daremos las respuestas, en cuanto si se desviaron o no recursos, es función de los organismos de control determinarlo”. F/R: Miguel Barrios
