Por: Katerin Erazo, periodista- Pares-
En un nuevo intento por reformar el sistema de salud en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro ha vuelto a radicar el proyecto de ley que pretende transformar la actual estructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La propuesta fue presentada de manera discreta y sin previo aviso ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por lo que se tramitará como una ley ordinaria, evitando el camino de las leyes estatutarias, que tienen un proceso más riguroso y una revisión obligatoria por parte de la Corte Constitucional.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, acompañado del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, fue el encargado de oficializar la presentación del documento de 207 páginas, que contiene 48 artículos. En su exposición, el ministro recalcó que el objetivo central del proyecto es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud «sin barreras y con equidad», lo que se enmarca dentro de un enfoque preventivo y territorial.
El proyecto busca establecer un nuevo Sistema de Salud basado en el aseguramiento social, un concepto que se define en la propuesta como una «protección pública, única, universal, eficiente y solidaria» que busca garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana. Este aseguramiento sería un cambio sustancial frente al actual modelo de operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales, según la reforma, pasarán a convertirse en Gestoras de Salud y Vida. Estas nuevas entidades tendrán una naturaleza mixta, privada o pública, y trabajarán en conjunto con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) para gestionar y analizar los riesgos en salud, incluso para la población sana.
Uno de los ejes fundamentales de la reforma es la implementación de un modelo de atención primaria en salud, lo que implica un enfoque más preventivo y menos dependiente de las urgencias y los tratamientos especializados. El Gobierno busca que el nuevo sistema sea predictivo y resolutivo, anticipándose a las necesidades de la población para evitar problemas mayores y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia en la atención.
Esta atención primaria se apoyará en Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que agruparán a distintas organizaciones de salud para ofrecer servicios de manera coordinada y eficiente, con un enfoque familiar y comunitario.
La propuesta también incluye la creación del Consejo Nacional de Salud, un órgano adscrito al Ministerio de Salud que tendrá a su cargo la dirección del sistema de salud en Colombia. Este consejo será un espacio de convergencia entre distintos actores del sector salud, incluyendo a trabajadores, profesionales, pacientes, organizaciones académicas, así como representantes de grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto armado.
El Consejo tendrá la responsabilidad de asesorar y recomendar al Gobierno políticas, estrategias y programas para la gestión de los determinantes sociales de la salud, tales como la educación, el medio ambiente y la economía, que influyen en las condiciones de vida de los ciudadanos y, por ende, en su salud. Adicionalmente, el consejo deberá monitorear el funcionamiento del sistema y hacer seguimiento a la implementación y reglamentación de la ley que, en caso de ser aprobada, transformaría el panorama de la salud en el país.
Otra de las innovaciones incluidas en la reforma es la creación del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS), el cual busca modernizar la gestión administrativa y sanitaria del país. Este sistema permitiría el acceso en tiempo real a la información sanitaria y administrativa de los distintos actores del sistema, lo que según el Gobierno, facilitará una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los servicios. El SPUIIS se implementará por etapas, en consonancia con los avances en conectividad y capacidad tecnológica del país, y se espera que integre los sistemas de información que ya existen.
El proyecto también contempla la creación del Fondo Único Público de Salud, que centralizaría los recursos del sistema para su distribución de manera equitativa y eficiente, a través de las distintas Gestoras de Salud y Vida que operarán en el territorio nacional.
Una de las transformaciones más significativas que plantea la reforma es el cambio en la naturaleza de las EPS, que pasarían a ser Gestoras de Salud y Vida. Estas entidades tendrán la responsabilidad de identificar y gestionar los riesgos en salud de la población asignada, y su operación estará coordinada con los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Las gestoras recibirán el 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) asignada para financiar la atención integral en salud de su población.
El documento detalla que estas gestoras serán entidades públicas, privadas o mixtas, con o sin ánimo de lucro, y su función principal será desarrollar acciones preventivas, predictivas y resolutivas para garantizar una atención de calidad y equitativa. Este enfoque, según el Gobierno, se alinea con el objetivo de ofrecer servicios de salud más accesibles y menos costosos a largo plazo, al reducir la necesidad de tratamientos hospitalarios y especializados.
El hecho de que la reforma se tramite como una ley ordinaria ha generado debate. En un principio, se había considerado presentarla como una ley estatutaria, dada la importancia de los derechos fundamentales que aborda, pero el Ejecutivo optó por el camino de la ley ordinaria para facilitar su aprobación. Las leyes ordinarias tienen un proceso legislativo más ágil que las estatutarias, ya que no requieren la revisión previa de la Corte Constitucional y su aprobación depende de una mayoría simple en el Congreso.
Este cambio en el tipo de ley podría acelerar el debate y aprobación del proyecto, pero también ha generado preocupación en sectores que consideran que, al tratarse de una reforma que toca aspectos fundamentales del derecho a la salud, debería haberse optado por una ley estatutaria que garantizara un mayor rigor en su revisión y aprobación.
A pesar de los ajustes realizados al proyecto, que ahora cuenta con menos artículos que la versión inicial, los cambios propuestos en la reforma son profundos y ambiciosos. El sistema de salud colombiano ha sido objeto de críticas durante décadas por su ineficiencia y falta de cobertura equitativa, especialmente en áreas rurales y apartadas del país. El Gobierno de Gustavo Petro espera que esta reforma sea el primer paso hacia un modelo más inclusivo y accesible, que responda mejor a las necesidades de todos los colombianos.
Sin embargo, la aprobación del proyecto está lejos de ser un hecho. El debate en el Congreso será intenso, y la capacidad del Gobierno para conseguir el respaldo necesario será crucial para determinar el destino de esta reforma que, de ser aprobada, marcaría un antes y un después en la historia del sistema de salud en Colombia.
