Once hallazgos con presunta connotación administrativa y disciplinaria; dos con presunta connotación penal y seis con una connotación fiscal, por $33.367 millones, fueron detectados por la Contraloría General de la Nación en el departamento del Cesar, tras realizar una indagación sobre posibles incidencias fiscales en los recursos asignados al departamento a través del Sistema General de Regalías.
Se analizaron un total de 13 proyectos por $124.000 millones, de los cuales $119.000 fueron financiados con Recursos del Sistema General de Regalías, siendo analizados los entes territoriales como la Gobernación del Cesar y las alcaldías de los municipios de El Paso, San Alberto, La Jagua de Ibirico, Becerril, Manaure, Agustín Codazzi, Chimichagua, Río de Oro y Chiriguaná, tomando en cuenta el periodo 2014-2019.
Los proyectos incluyen sectores de transporte, agricultura y desarrollo rural, educación, minas y energía, inclusión social y reconciliación, vivienda, ciudad y territorio, deporte y recreación.
Dentro de los auditados está el municipio de Manaure donde se puso en evidencia un hallazgo al contrato N° LP-005 de 2017, el cual consistió en la construcción de la placa huella en la vía que comunica a esta población con el departamento de La Guajira, por un valor de $4.000 millones.
La Alcaldía de Manaure suscribió un contrato con la Unión Temporal Placa huella Manaure, financiado con recursos del Sistema General de Regalías. “Este contrato ha sido objeto de una suspensión con fecha 02/05/2018 y reiniciada el 05/06/2018, el cual está liquidado, pero la administración municipal no soporta documento que así lo acredite”, dice el comunicado de la Contraloría.
Asimismo, destacó que el proceso de contratación si bien fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación pública, Secop, con los documentos del proceso contractual correspondientes a las etapas de planeación y selección, desde el aviso de la convocatoria hasta el acto de adjudicación, omitió otros documentos correspondientes a las etapas de contratación y ejecución, relativos a los contratos. “Al no publicar los documentos correspondientes de los contratos relacionados, se incumple además con lo previsto en la Ley 1150 de 2007”, destacó la entidad.
En lo que corresponde al municipio de Agustín Codazzi, se detectaron hallazgos en la dispersión de fondos a terceros diferentes a los involucrados en el contrato de obra Nº OP-006-2017, el cual consistía en la optimización de la aducción, conducción y la planta de tratamiento de agua potable por $9.806 millones, con un tiempo de ejecución desde el 21 de julio de 2017 al 31 de enero de 2019.
“Las incidencias se fusionaron en un hallazgo administrativo con presunta incidencia administrativa, disciplinaria fiscal y penal en cuantía de $5.596 millones. El contrato de obra se celebró entre el municipio de Agustín Codazzi, Cesar y el Consorcio Aguas Hidráulicas de Codazzi. En visita a la sede del ente territorial realizada por el equipo auditor los días 10, 11, y 12 de junio, se requirió nuevamente una serie de documentos tanto de la obra como de la interventoría, los cuales habían sido solicitados con anterioridad, y tampoco fueron entregados. La información de los pagos realizados no fue entregada completa. Igualmente se pudo verificar que los valores a pagar o transferir a la cuenta del contratista de obra, no se hacen por el valor total del comprobante de egreso”, informó la Contraloría.
“Se ocasionó un presunto detrimento patrimonial por valor de $3.845 millones, debido que, el municipio realizó una serie de pagos del contrato de obra a terceros diferentes al contratista de obra, sin que hubiese aportado documentos que justifiquen tales actuaciones“, destacó la CGR.
Otro de los casos analizados fue en el municipio de Becerril, donde le pusieron la lupa al contrato de obra Nº OP-020 de 2018, para la construcción de la plaza de eventos Rosso Machado Cruz, por $19.699 millones, en el que se evidenció que se realizó sin el cumplimiento de requisitos legales. Esta obra tuvo un tiempo de ejecución desde el 15 de febrero de 2018 al 27 de noviembre de 2019, por un valor inicial de $18.495 millones, el cual con las adiciones alcanzó $19.699 millones, con fuentes de financiación de asignaciones directas por $17.952 millones, y el fondo de compensación regional por $1.746 millones.
Las falencias evidencian la vulnerabilidad de la estructura construida, la deficiente calidad de la obra, labor de la interventoría y supervisión técnica por parte de la Alcaldía de Becerril, e incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista establecidas en el contrato de obra 020-2018. Estas deficiencias disminuyen ostensiblemente la calidad de la obra y la capacidad de servicio de la estructura (vida útil), comprometiendo la calidad, estabilidad de la obra y generando un detrimento al patrimonio.
En este sentido, la CGR configura un detrimento representado en las obras que presentan deficiencias técnicas y de calidad por $294 millones.
