En operativos realizados en Cartagena, sur de Bolívar, La Guajira y el Amazonía, por parte de la CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, lograron la judicialización de 15 personas que presuntamente estarían afectando los recursos naturales en dichas regiones del país.
Según la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, uno de los casos se registró en Cartagena donde se venía presentando una invasión en área protegida con evidencia la grave afectación a los ecosistemas marinos en el área protegida del Parque Nacional Los Corales del Rosario y San Bernardo, ocasionada por la presunta construcción ilegal de estructuras utilizadas para la industria hotelera.
Por estos actos tres personas fueron detenidas y presentadas ante un juez de control de garantías por su posible responsabilidad en daño a los recursos naturales.
En este mismo sentido en el departamento de La Guajira cinco personas fueron enviadas a prisión por decisión de un juez por el tráfico y comercialización ilegal de tortugas marinas.
Presuntamente estas personas transportaban a estos animales desde el Cabo de la Vela hasta Maicao (La Guajira) en condiciones precarias, lo que provocaba la muerte de algunos de estos animales durante el recorrido.
Entre los procesados estaría el presunto cabecilla y financiador de la actividad ilegal, identificado como Carlos Manuel Calderón Rodríguez. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Durante las diligencias de captura fueron recuperadas 41 tortugas marinas, 11 de ellas ya estaban muertas, aparentemente por el maltrato al que habrían sido sometidas.
Entre tanto en el sur de Bolívar las autoridades hallaron un socavón ilegal que afectaba una reserva forestal, donde capturaron a seis personas que, al parecer, extraían oro en la modalidad de cielo abierto.
En el lugar se constató una grave afectación en más de 30 hectáreas de bosque natural de la zona de reserva forestal y otros efectos irreversibles como la contaminación de fuentes hídricas que alimentan el acueducto de los pobladores.
En este caso ninguno de los detenidos aceptó su responsabilidad en los delitos que la Fiscalía les endilgó por concierto para delinquir, daño ambiental y explotación ilícita de minerales.
En cuanto en Amazonía la Fiscalía aplicó medidas cautelares por deforestación. La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante un juez de control de garantías contundentes pruebas para que este prohibiera el ingreso al Parque Nacional Natural Tinigua a uno de los ganaderos que estaría involucrado en la deforestación de bosques para actividades de su gremio.
Este sujeto fue identificado como Olaín Cometa Garzón a quien le fue impuesta como medida cautelar, la orden de sacar en menos de 90 días, 324 cabezas de ganado que tiene en el área de protección.
