Los representantes de cada una de estas organizaciones trabajarán de la mano de la Mesa de Paz en la construcción de una agenda definitiva que garantice la participación real y efectiva de las comunidades para debatir temas de tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo y desarrollo sostenible.
También discutirán sobre poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto social y armado, economías consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, garantías para las partes durante y después del acuerdo, entre otros.
En materia de transformación territorial, las partes acordaron generar las condiciones para construir planes de desarrollo sostenibles e integrales que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades con prioridad en los departamentos de Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander.
Protección a la población en los territorios
El jefe de la delegación del Gobierno en el proceso con EMC-FARC, Camilo González Posso, destacó que se trazará una ruta con 22 mecanismos locales de verificación para proteger a la población civil en los territorios afectados por el conflicto.
Indicó que en marzo del 2024 se instalará el cuarto ciclo de diálogos con este grupo armado.
La Mesa de Paz hará seguimiento a los compromisos ya definidos en los acuerdos y protocolos firmados con respeto estricto a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos.
Se acordó igualmente reconocer escenarios de participación de los diferentes sectores de la sociedad para construir una agenda socioambiental para la paz que “reduzca las afectaciones ambientales relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados en los territorios”.
Cabe anotar que el EMC-FARC ratificó su compromiso de suspender las “retenciones con fines económicos” (los secuestros).
El proceso cuenta con el acompañamiento del representante especial del secretario General de las Naciones Unidas en Colombia, así como de la MAPP-OEA, la Conferencia Episcopal Colombiana y el Consejo Mundial de Iglesias.
También cuenta con el apoyo de países como Noruega, Venezuela, Suiza e Irlanda, en calidad de garantes.
