En su último informe de investigación, que se dará a conocer en su totalidad este jueves en rueda de prensa a las 8 de la mañana, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) realizó una investigación tomando como muestra 36 contratos que firmó desde mayo de 2020 la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por un valor total de $347.248.025.060 (trescientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho millones veinticinco mil sesenta pesos) con personas jurídicas y naturales en el marco de la Subcuenta Covid- 19 para la mitigación de Emergencias por la pandemia del coronavirus, identificando las corrientes políticas y conexiones con el poder de quienes han resultado beneficiarios de la contratación en medio de la crisis sanitaria declarada en marzo del año pasado.
El monto total evaluado corresponde a 35 contratos porque en un caso se identificó que la UNGRD no aportó la información necesaria para conocer el contrato. Se trata del GGC-CR-614-2020 con la Unión Temporal Sama-Nissi 2020, que no registra ninguna información que se pueda someter a veeduría pública.
El 72% de los contratos revisados tiene cuestionamientos por nexos políticos, antecedentes de empresas con hallazgos fiscales e irregularidades en los documentos de contratación, entre otros. Por ejemplo, hay empresas cuyo objeto social no tienen que ver con temas médicos sino con la venta de licores y juegos pirotécnicos, y aun así fueron contratados por la UNGRD. Todos los contratos están firmados por Eduardo José González Angulo, director general de la UNGRD y ordenador del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Pares también resalta que estos contratos cuestionados concentran el 89% de los recursos destinados para estos objetos realizados.
Hay casos más graves que otros. Cuatro contratos evaluados tienen problemas de forma, como mala redacción e información falsa, errores en los datos o ausencia de estos. Lo que se traduce en que el 42% de la contratación, correspondiente a un valor de $146.570.619.526 (ciento cuarenta y seis mil quinientos setenta millones seiscientos diecinueve mil quinientos veintiséis pesos) son contratos mal firmados.
Esto sucede a pesar de que la UNGRD está pagando entre 5 y 17 millones de pesos mensuales a personal profesional en Derecho, que supuestamente acreditó su idoneidad para la realización de estos.
En este objeto de estudio, Pares encuentra serios indicios de que el Gobierno nacional habría favorecido presuntamente a políticos cercanos al uribismo. Un ejemplo para resaltar es el del ex ministro de Industria y Comercio durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, Luis Guillermo Plata, quien llevó a trabajar a la Subcuenta Covid a su exviceministra Claudia Ramírez, quien firmó un contrato por 7 meses con un valor total de $107.607.228 pesos.
También hay contratos con ex contratistas de la Secretaria de Seguridad de Cali en el tiempo que estuvo a cargo de Andrés Villamizar, reconocido por su labor en la Fundación Azul, que le hizo proselitismo político a Peñalosa en Bogotá. Villamizar y otra contratista consiguieron 183 millones 108 mil 372 pesos.
En esta misma línea, de los contratos valuados, se logra establecer que varios de los contratistas encargados del manejo de la pandemia trabajaron previamente en la administración del ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño: ex contratistas durante su administración en el Jardín Botánico, la secretaria de Hábitat y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, terminaron trabajando en la subcuenta Covid-19.
De este grupo de contratistas, concentran un monto de contratación por 707 millones 113 mil 828 pesos, con ocho contratos de personas que trabajaron para la administración de Peñalosa entre 2015 y 2019, o que tienen relación con él. Al respecto, el presidente de la estatal Servicios Postales Nacionales 4-72, Luis Humberto Jiménez, firmó un contrato con la UNGRD por $5.745.712.508 para “recibo, almacenamiento y alistamiento de mercancía (equipos, bienes y elementos de protección personal EPP) para la emergencia declarada por la pandemia del Covid 19”.
Cabe recordar que Jiménez fue gerente corporativo de Tecnología de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, en 2018. En este informe se identifica que el gobierno de Iván Duque contrató también a personas con vínculos políticos con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en 2019 Miguel Uribe Turbay, a quien el expresidente Álvaro Uribe le ofreció ser cabeza de lista al Senado de la República en 2022 por el Centro Democrático.
La gerente general de la subcuenta, Adriana Lucía Jiménez; y otros contratistas como Claudia Candela Bello, Juan Sebastián Castro Gaona, Cristian Francisco Pulido Acuña; tienen relación con Uribe Turbay. Esta denuncia se conoció inicialmente por una columna de Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y ex secretario de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, publicada por «Los Danieles» y por otros mensajes difundidos por redes sociales por el medio virtual Cuestión Pública.
Pares también identificó que la empresa de una ex reina del Valle del Cauca ha resultado beneficiaria con más de 9 mil millones de pesos para la compra de tapabocas. En ese sentido, también se logró establecer que dos empresas que tienen contratos con la subcuenta Covid-19 tienen hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá y la General de la República. El primero, con un contrato con el Instituto para la Economía Social (IPES), en el gobierno de Gustavo Petro (2012-2015); y el segundo, con la Gobernación de Caquetá.
Algunos de estos contratos han sido renovados, pero todavía no aparecen en el sistema público porque la UNGRD no los ha subido en su página web. Establecimos un caso en el cual el contrato está oculto y no se sabe ni su valor ni sus condiciones.
