Declarar penalmente responsable al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco de la comisión del delito de corrupción al sufragante, fue la solicitud que le hizo la Fiscalía General de la Nación a la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La solicitud la hizo basado en el artículo 390 del Código Penal que castiga este delito, por lo que pidió que emita una sentencia condenatoria en su contra.
Esto en relación a los hechos ocurridos en las elecciones de 2011, cuando el hoy mandatario aspiró por primera vez a la Gobernación del Cesar y para llegar al primer cargo departamental firmó un pacto con los residentes de la invasión Tierra Prometida, el cual fue firmado en notaría.
Según el ente acusador, durante el juicio quedó demostrado que el mandatario en su calidad de aspirante a la Gobernación prometió y ofreció beneficios a los habitantes de la invasión de quedarse en el terreno, de propiedad Óscar Guerra Bonilla.
La Fiscalía también demostró que Monsalvo Gnecco no solo firmó el documento con los invasores de Tierra Prometida, sino también de otro predio ilegal conocido como Sabana I, de propiedad del mayor Alberto Pimienta.
Es así como consideró que este no fue un acto de campaña como lo quiso demostrar la defensa, sino que con esto quiso corromper la voluntad de los sufragantes.
Tras la solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría Tercera Delegada también le pidió a la Sala Penal de la Corte condena para el mandatario.
El sentido de fallo quedó para el próximo 14 de julio a las 8:30 de la mañana.
