Por: Luis Emil Sanabria Durán – La pobreza y la exclusión social son problemas profundos que afectan gravemente a Colombia, un país que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se encuentra entre las sociedades más desiguales del mundo. Una proporción significativa de la población enfrenta condiciones de pobreza extrema, pobreza monetaria o vulnerabilidad, lo que exige soluciones integrales y sostenibles.
En Colombia, la pobreza no se limita a la falta de recursos económicos. Este fenómeno, de naturaleza multidimensional, abarca factores como el acceso limitado a servicios básicos, la desigualdad estructural y la exclusión histórica. Las comunidades rurales y los cinturones de miseria en las ciudades enfrentan desafíos especialmente graves, como la carencia de infraestructura esencial y la exclusión de servicios fundamentales. En regiones como Guainía, Chocó y La Guajira, por ejemplo, los niveles de acceso al agua potable en áreas rurales son alarmantemente bajos.
La discriminación estructural hacia comunidades indígenas y afrodescendientes, así como el desplazamiento forzado, agravan estas problemáticas. Estas situaciones evidencian la complejidad de la pobreza y subrayan la necesidad de acciones inmediatas, coordinadas y de largo alcance. La reconstrucción del contrato social, un acuerdo nacional y el desarrollo de políticas sostenibles que trasciendan los ciclos políticos son pasos inaplazables.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto en marcha diversas iniciativas con el objetivo de combatir la pobreza y la exclusión social, priorizando a las poblaciones más vulnerables. Se destaca en esta ruta, la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, que busca atender a mujeres, niños, adolescentes, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Aunque enfrenta limitaciones administrativas, esta institución tiene el potencial de convertirse en un articulador clave para la inclusión social.
Otro esfuerzo relevante ha sido la implementación de la Reforma Rural Integral, en línea con los acuerdos de paz de 2016. Esta política pretende redistribuir tierras a comunidades rurales y fortalecer sus capacidades productivas, técnicas y comerciales. El gobierno ha reportado la formalización de miles de hectáreas, aunque persisten desafíos debido a la resistencia política y económica en diversas regiones.
Las transferencias monetarias han sido un pilar fundamental para apoyar a las familias más empobrecidas, garantizando ingresos básicos y promoviendo la educación y la formalización laboral. Programas como “Jóvenes en Paz” están diseñados para ofrecer a la juventud en riesgo oportunidades de desarrollo que los alejan de entornos de violencia o informalidad.
La administración Petro también ha impulsado políticas de transición energética, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar el uso de energías renovables. Este enfoque busca no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también abordar las desigualdades que exacerban fenómenos como las sequías y los desastres naturales.
Entre 2022 y 2024, el gobierno informó avances significativos en la lucha contra la pobreza. Más de 338.000 personas superaron la pobreza multidimensional y 1,6 millones salieron de la pobreza monetaria. Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros depende de superar obstáculos como la corrupción, la oposición política y las limitaciones estatales en regiones vulnerables.
La construcción de una sociedad más equitativa en Colombia exige fortalecer la cohesión social, mejorar la eficacia en la implementación de políticas y garantizar la inclusión en todos los niveles. Aunque el camino es largo y desafiante, las estrategias sostenibles pueden abrir paso hacia un futuro en paz, más justo y digno.
