En el marco de la operación ‘Atamante’, la Policía Metropolitana de Santa Marta, a través del grupo Gaula y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de diez integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Los operativos se llevaron a cabo en distintos sectores de la capital del Magdalena y en el municipio de Envigado, Antioquia.
Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en los barrios Paraíso, La Paz, Ciudad Equidad, Oasis, Centro Histórico, Vista Hermosa y El Pantano, así como en Envigado, donde fue capturado uno de los presuntos cabecillas que intentaba evadir la justicia.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Coquíes, alias ‘Coca Cola’; Israel Guillen, alias ‘Amarillo’; Johannis Fletcherz, alias ‘Fletcherz’; Orquídea Manotas, alias ‘Orquídea’; Wagner J. Díaz, alias ‘23’; Fernando Sales, alias ‘Cabezón’; Omar Pérez, alias ‘El Gordo’; Rodrigo Santa, alias ‘Colbón’; Deivis Díaz, alias ‘Mono Stun’; y Wilmer Soto, alias ‘W’.
Uno de los capturados más relevantes fue Carlos Coquíes, alias ‘Coca Cola’, detenido en Envigado, Antioquia. Según la Policía, este individuo era el presunto cabecilla financiero de la organización y jefe de zona en El Rodadero. Con una trayectoria criminal de más de ocho años, se le atribuye su participación en homicidios, extorsión, despojo de tierras y desplazamiento forzado en sectores turísticos como Taganga, Playa Cristal, Playa Blanca, Gaira, La Paz y Cienaga.
Otro de los capturados fue Israel Guillen, alias ‘Amarillo’, presunto cabecilla financiero de la organización, quien operaba en el corregimiento de Minca y se encargaba del pago de la nómina de los tres frentes militares de la estructura ilegal. Asimismo, en Ciudad Equidad fue detenida Orquídea Manotas, alias ‘Orquídea’, a quien se le incautaron $14.950.000 en efectivo, presuntamente provenientes de actividades extorsivas.
Las investigaciones revelaron que esta organización citaba a sus víctimas a reuniones en Minca, Machete Pelao y Buritaca, donde imponían cuotas de extorsión a lancheros, carperos, asesores turísticos, mototaxistas y comerciantes. Quienes no asistían debían pagar ‘multas’ entre $1.000.000 y $5.000.000. Además, se establecieron pagos mensuales de entre $200.000 y $400.000 para comerciantes, y tarifas de $5.000 por cliente atendido en lanchas, carpas y restaurantes.
Para garantizar estos cobros, la organización contaba con «verificadores» que registraban cada movimiento comercial en planillas y reportaban la información a los cabecillas.
