Por orden de la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue capturado por el senador Ciro Ramírez, a quien le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e indebido en la celebración de contratos.
La captura se dio por presuntas irregularidades registradas en 2021 en un contrato interadministrativo celebrado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta.
La decisión fue proferida por el magistrado ponente Marco Antonio Rueda Soto y la medida no se impone por el delito de tráfico de influencias, sino por los mencionados inicialmente. En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del senador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez Cortés, en un proceso que tendría que ver con la red de corrupción que montó el congresista liberal Mario Alberto Castaño.
La apertura de dicha investigación en su contra se debía a que supuestamente había llegado a manipular de manera irregular más de 10 contratos. Esta información se desprendió de la investigación que se adelantó contra Castaño.
Durante este tiempo el caso llegó a ser un gran escándalo y terminó involucrando a otras personas como Katherine Rivera, quien trabajó en la UTL de Ramírez en el Congreso, y fue imputada en octubre junto al contratista Anderson González por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados por ninguno.
Al parecer, ella habría hecho parte de la estructura ilegal que montó Rivera en municipios del Tolima a través de ‘Proyecta Quindío’.Desde el 2021, la Fiscalía investigaba una red de corrupción asociada al entonces senador Mario Castaño, quien falleció el 18 de noviembre en la cárcel La Picota. Según las investigaciones, varios de los procesados en el caso en este proceso hacen parte de una organización en la que hay integrantes del Congreso que intervenían en la contratación para conseguir beneficios.
Las irregularidades hasta ahora detectadas superan los 70.000 millones de pesos, y los intentos por cooptar contratos públicos incluso se habrían extendido hasta hace unos meses, por lo que la Fiscalía mantiene la investigación de nuevos procesos licitatorios.
