Como presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema acusó al representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, contra quien también mantuvo la decisión de no imponerle una medida de aseguramiento.
Explican que los hechos por los cuales fue acusado sucedieron cuando fue alcalde de Barrancas, en La Guajira, y se relacionan con la tramitación y celebración en el 2018 de un contrato de concesión para la prestación del servicio público en el municipio, así como su correspondiente contrato de interventoría.
“Estos dos contratos fueron celebrados entre el municipio y las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S y la Interventoría Alumbrado Público de Barrancas, respectivamente, a través de las facultades especiales que el Concejo le dio al entonces alcalde, Jorge Alberto Cerchiaro” señalaron desde la Corte.
Al acusar a Cerchiaro, la Corte determinó que el entonces alcalde presuntamente tramitó este contrato sin satisfacer los requisitos legales esenciales. Esto debido a que al asumir la administración municipal, el exalcalde sabía que los recursos que se habían recaudado por concepto de impuestos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de operación del sistema de alumbrado público, así como la provisión de energía eléctrica.
“Pese a que conocía los problemas que llevaron a disolver al anterior operador de servicios públicos, el alcalde no se basó en los estudios técnicos que le exigía la ley para adelantar el nuevo contrato de concesión de alumbrado público, lo cual llevó a que se implementara un modelo económico deficitario”, señalan. La Sala Especial de Instrucción determinó que la ausencia de estudios efectivos sobre cómo se iba a financiar el alumbrado público, generó que este negocio estatal fuera inviable y se hiciera imposible cubrir sus costos operativos y los de provisión de energía eléctrica.
