Piden suspender al gerente de Corvivienda Néstor Castro Castañeda por suscribir contrato con la Universidad de Cartagena (UdeC) sin el lleno de requisitos legales. Tal solicitud la hizo el abogado Jair Caro Villalba al presentar sendas denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría como medida provisional. Se trata de proteger las investigaciones que deben abocar en forma inmediata.
EL contrato No 001 del 9 de julio 2020 suscrito por Castro Castañeda podría violar la ley 80/93. Presenta dos hechos concretos. Primero, su valor sobrepasó casi dos veces lo que dijo sus estudios previos. Segundo, se hizo violando el período fiscal vigente.
El objeto del contrato es ejecutar una interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y jurídica para la construcción de 1824 soluciones de vivienda de las etapas 3,4 y 5 del proyecto Ciudadela de la Paz.
Piden suspender a Castro
Jair Caro Villalba, el abogado que puso en jaque a William Dau por el ataque verbal que éste le hizo a las directivas de la Universidad de Cartagena. Ahora pide suspender a Néstor Castro en denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía.
El contrato se pactó por un precio de $4.284.818.447. Pero los estudios previos originales tenían un valor diferente. Es decir, $2.318,699.602. Como se sabe, los estudios previos hacen parte de la etapa precontractual y constituyen el principio de planeación de la contratación pública.
Para el abogado Caro Villalba, el gerente de Corvivienda Castro Castañeda conocía de los estudios previos originales que incorporaban un valor de $2.318,699.602. En el examen de los estudios previos originales se pudo establecer que son iguales a los estudios previos de la contratación.
«Esto nos indica que hay un aumento desmesurado en el contrato suscrito por Corvivienda lo que nos hace presumir que se configura un detrimento patrimonial para las arcas del Distrito de Cartagena…».
Denuncia presentada por el abogado Jair Caro Villalba.
Al producirse ese detrimento patrimonial, Corvivienda dejaría de construir más viviendas para los cartageneros. En el 2020 el Distrito de Cartagena no edificó una sola vivienda, ni un mejoramiento. Tampoco una sola legalización. El primer año de William Dau Chamat lo perdió en esta área muy importante de la gestión administrativa.
Piden suspender al gerente Néstor Castro. Aquí habla con la también encartada exprimera dama Cynthia Pérez Amador sobre la Ciudadela de la Paz.
Sin vigencia futura
Pero el contrato No 001 del 9 de julio 2020, no solo presenta ese desfase de su valor entre el estudio previo original y lo realmente contratado, sino que también viola el art. 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. El contrato de marras estableció una duración de 17 meses. Es decir, que sobrepasó la vigencia presupuestal hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero no se constituyó la reserva presupuestal para la vigencia presente.
«Cosa diferente es que el proceso esté perfeccionado totalmente, lo que implica constituir la RP en el respectivo período; pero como los compromisos al 31 de diciembre no se han cumplido, pero están legalmente contraídos (art. 89 Lop), deberá constituirse la reserva presupuestal correspondiente con el fin de que “desarrollen el objeto de la apropiación».
Ley 819 de 2003
El estatuto de la contratación pública de 1993 en su Artículo 23 habla de los principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Es decir que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.
Igualmente, se aplicarán las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
¿Por qué piden suspender a Castro?
La denuncia disciplinaria propuesta por Caro Villalba, lo llevó a pedirle al disciplinador suspender provisional al funcionario. Esta solicitud la hizo con base en la Sentencia T-1012 del 2010.
« (……) el servidor público investigado disciplinariamente puede ser suspendido provisionalmente de su cargo, aunque la misma medida cautelar le haya sido revocada anteriormente».
Corte Constitucional, Sentencia T-1012 del 2010.
De la misma manera, se aclara que la suspensión provisional no puede ser entendida como una medida de carácter sancionatoria. Se trata de prevenir cualquier manipulación de las pruebas por parte del funcionario procesado.
«(…) se constituye en una etapa necesaria y conveniente en esta clase especial de actuaciones de carácter correccional y disciplinario, que por su carácter reglado bien puede ser decretada como medida preventiva en el desarrollo de las actuaciones que proceden».
Corte Constitucional, Sentencia C-406 de 1995 (MP. Fabio Morón Díaz)
Detrimento patrimonial, menos casas
De llegarse a comprobar que existe un detrimento patrimonial, sería una conducta que tiene consecuencias penales y disciplinarias. Aquí se configuraría varios delitos por contratos sin el lleno de requisitos legales. Habría prevaricato por acción y omisión. En materia disciplinaria, habría una falta grave a título de dolo que daría lugar a la declaratoria de insubsistencia del funcionario objeto de la investigación.
Sin embargo, el daño más grande es que se dejaría sin oportunidad para que más cartageneros tengan acceso a una vivienda digna. Este contrato implica un gasto adicional de $2.100.000. Con esta cantidad Corvivienda puede construir 28 viviendas VIP o 20 viviendas VIS. De igual manera, el Ministerio de Vivienda con este dinero puede entregar cerca de 100 subsidios para que más familias cartageneras adquieran vivienda nueva.
La gente no se puede quedar callada con estas irregularidades. La gestión de un gobernante se mide por resolver los problemas diagnosticado en sus programas de gobiernos. En este caso, existe un hecho evidente: la administración de William Dau en materia de vivienda pocón-pocón. Ni una sola vivienda construida en 2020.
Pero eso sí, se gastaron $5.402 millones en órdenes de prestación de servicios (OPS). Y ahora, se demuestra que por arte de magia, adicionaron $2 mil millones a un contrato de interventoría que no podría ser superior a $4 mil millones. ¿Dónde está el ladrón?
