Por Germán Ayala Osorio
Por fin, Álvaro Uribe Vélez devolvió el baldío El Laguito 2. El expresidente había despojado a la Nación del control y dominio de este predio y lo mantuvo anexo a su hacienda El Ubérrimo por varios años. Sin duda alguna, se trata de un hecho jurídico y político de gran importancia por el poder que concentra el caballista y el miedo que aún genera el sub júdice ciudadano.
La entrega se hizo a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dependencia que hace unos días publicó una resolución en la que se inhibía de abrir un proceso de recuperación del predio. Fue la presión en redes sociales, las publicaciones del portal periodístico Vorágine y la insistencia del congresista Wilson Arias Castillo las circunstancias que obligaron al vulgar despojador a devolver el predio. Arias Castillo, además, estaba exhortando a la ANT a que explicara el sentido de una resolución firmada antes de terminar el gobierno de Iván Duque.
Este hecho se enmarca en las pretensiones del nuevo gobierno de hacer una reforma agraria, que permita modificar la actual estructura agraria del país, atacando, por ejemplo, la concentración de la tierra en pocas manos que llega a un Gini de 0.89. También busca mejorar las condiciones sociales y económicas de los campesinos. De igual manera, se pretender que el Congreso reconozca al campesino como un sujeto de especial protección.
La devolución del baldío no borra la acción ilegal e ilegítima en la que incurrió Uribe, que terminó con el despojo de un bien de la Nación por parte del latifundista y expresidente de Colombia. Lo que sigue ahora es que la misma ANT haga público el suceso, y explique las circunstancias en las que se produjo la ilegal posesión, quiénes facilitaron el despojo y el por qué la demora en recuperarlo. Además, la ANT, acompañada del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las autoridades ambientales regional y local, están en la obligación de valorar el estado en el que el 1087985 devuelve el predio.
La institucionalidad ambiental deberá contarle al país de las condiciones ecológicas del baldío al momento en el que Uribe y su familia lo anexó a su hacienda, lo usufructuó y demostrar si se hicieron transformaciones ecosistémicas importantes y definitivas en el mismo predio.
Imagino que deben existir protocolos para recibir baldíos ilegal o irregularmente apropiados por particulares. Por ejemplo, valorar el estado de las fuentes de agua (si las hay), las conexiones y las lógicas de intercambio entre especies animales. Es más, se podría exigir al despojador que asuma la restauración de zonas del baldío o incluso, que ceda parte de la Hacienda El Ubérrimo, para reestablecer rutas de intercambio entre especies.
Es importante revisar también la información catastral del predio y medirlo para constatar que efectivamente Uribe Vélez devolvió la totalidad. Sobre el futuro del baldío, le corresponde a la ANT tener en cuenta si hay de tiempo atrás solicitudes de cooperativas de campesinos o de familias que necesiten tierra para ponerla a producir.
El congresista Arias Castillo anunció que insistirá ante la Agencia Nacional de Tierras para que abra procesos de recuperación de los baldíos que se apropiaron los ingenios Manuelita y Riopaila Castilla, las familias Lizarralde y Sarmiento Angulo; así como Poligrow y Mónica Semillas, en la altillanura colombiana. Estos señalamientos están soportados en el informe de la Contraloría General de la República, que en los tiempos de Sandra Morelli, constató que las empresas y familias nombradas se apropiaron de forma irregular de cientos de miles de hectáreas de baldíos que le pertenecen a la nación y que, por ley, deben entregarse a campesinos, después de una valoración ecológica y ambiental de esos predios.
Sin duda alguna, no son buenos tiempos por los que atraviesa Uribe Vélez. Primero, sigue en calidad de imputado por delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Segundo, sus abogados no consiguieron que la serie Matarife fuera censurada como lo pretendían. Tercero, la CSJ acaba de solicitar pruebas sobre su responsabilidad en las masacres del Aro y la Granja, cuando fungió como Gobernador de Antioquia. Y ahora, le toca devolver un predio baldío, lo que hace posible que el país lo reconozca como uno de los más poderosos despojadores de tierras. Dirá que fue de buena fe.
Adenda: el señor Uribe siempre señaló que ese predio lo compró a una familia que llevaba 20 años de posesión. Difícil creer que no haya tenido la precaución de averiguar sobre el origen del baldío y sobre esa misma condición. Siendo presidente, tuvo acceso a información privilegiada que confirmaría que efectivamente El Laguito 2 era un baldío. ¿Por qué no devolvió antes el predio?
