Investigación Por: Norbey Quevedo Hernández.
Mediante la expedición de una resolución, grupos étnicos arremeten contra la USO. La acusan de afectar los acuerdos logrados con las compañías petroleras y de ponerlos en contra de los campesinos. La USO riposta y dice que lo que busca es el cumplimiento de esos acuerdos.
En un pronunciamiento sin antecedentes, las comunidades indígenas decidieron enfrentarse a la Unión Sindical Obrera (USO) y declarar a sus directivos personas no gratas, responsabilizándolos de cualquier suceso trágico que se pueda presentar. El anuncio se produjo en momentos en que esa población está en proceso de concertación en varios departamentos de la región Caribe, con el propósito de obtener mejores condiciones económicas, sociales y ambientales frente a las compañías petroleras.
Los argumentos de la organización indígena están contenidos en una resolución del 16 de octubre de 2017, expedida por los representantes de las comunidades indígenas zenúes y en la cual denuncian la interferencia de la USO en la aprobación de acuerdos. El documento fue firmado por los capitanes indígenas de las comunidades San Carlos, Zenú, San Matías, Santo Domingo Vidal, Montegrande, Villa Fátima, Santiago Abajo y Los Ángeles, asentadas en los departamentos de Sucre y Córdoba y que representan a más de 1.500 familias.
Es la primera vez que las comunidades indígenas, por tradición enfrentadas a las empresas petroleras, ahora lo hacen contra la organización sindical, a la que señalan de trasgredir sus derechos y obstaculizar los acuerdos que se estaban logrando en las últimas semanas. Edwin Castaño, presidente de la USO, señaló a El Espectador que el conflicto surgió por incumplimientos de acuerdos, firmados con la empresa Canacol hace dos años.
“No nos quieren porque la USO acompaña a otras comunidades y Canacol permeó con dinero a esos líderes”.
A su vez, la compañía expidió un comunicado de prensa en el que señala que “en apenas dos años, se han cumplido en más de un 70 % los acuerdos derivados del proceso de concertación con las comunidades de la región, incluidas las étnicas, donde la empresa realiza actividades de extracción de gas. Lamentamos que la Unión Sindical Obrera (USO) acuse a las comunidades indígenas de ser transaccionales”.
El detonante se dio en medio de las negociaciones que se adelantan en Córdoba y Sucre para garantizar que nuevas obras no afecten su entorno. En particular, los grupos étnicos señalan que, “conforme a nuestros usos, costumbres, autonomía y derecho fundamental de ser consultados, logramos mediante sendos acuerdos con empresas petroleras que adelantan hoy proyectos de exploración y explotación de gas la compra de un pequeño territorio, un territorio que ancestralmente nos pertenecía y permitiría legitimarnos como pueblo indígena y recuperar nuestras formas de vida”.
La organización indígena recalca que la USO, en reuniones en Bogotá y Sahagún (Córdoba) el pasado 17 de agosto, y específicamente en una reunión del 7 de septiembre, “desconoció la legitimidad, autonomía y derecho que tenemos las comunidades por la tierra y por nuestra pervivencia, al promover que se nos impida ocupar pequeños globos de tierra adquiridos gracias a las compensaciones resultantes de nuestro derecho fundamental a ser consultados”.
Los grupos étnicos agregan que la USO utiliza los medios de comunicación para desinformar, manifestando que las compañías petroleras “vienen comprando predios a bajos precios y utilizan a algunas de las comunidades indígenas (cabildos) de la zona entregándoles en préstamo dichos terrenos para justificar ante el Gobierno la no realización de las consultas previas con las comunidades”. Por esto, en su resolución resaltan que se ha generado una crisis de intereses entre comunidades indígenas, campesinas y grupos políticos, con la ruptura del tejido social en los departamentos d Córdoba y Sucre.
El pronunciamiento de los indígenas va más allá. Aseguran que la USO desconoce la lucha del pueblo ancestral por la tierra y el entorno en los territorios que hoy ocupan. Frente a sus relaciones con los campesinos de la región, expresan que “la USO ha motivado con sus actuaciones de desinformación que se genere el enfrentamiento con nuestros hermanos campesinos, los cuales hoy tienen en su imaginario colectivo que nosotros como indígenas no podemos tener acceso a la tierra que por cientos de años nos han pertenecido y las que ya hemos adquirido que no podamos hacer uso de ellas”.
Además de declarar no grata a la USO en ocho territorios, las comunidades indígenas la responsabilizan de sucesos trágicos que puedan ocurrir y prohíben su incursión en negociaciones con las compañías petroleras. Ocho capitanes que firman el documento remitieron la resolución a varias entidades del Gobierno.
La posición de la USO en el conflicto
Frente a la resolución expedida por las comunidades indígenas que representan a 1.500 familias de los departamentos de Sucre y Córdoba, Edwin Castaño, presidente de la Unión Sindical Obrera, expresó enfáticamente que el eje del conflicto radica en el incumplimiento de los acuerdos pactados hace dos años, en los que su organización sindical estuvo presente al momento de la firma.
“Nos miran como piedras en los zapatos, pero haremos respetar el ambiente sano, la inversión social que deben hacer en las regiones para las comunidades y también los derechos laborales de los trabajadores”. El dirigente sindical manifestó además que al alcalde del municipio de La Unión (Sucre) fue permeado por la empresa y destacó que algunas comunidades se prestan porque reciben beneficios económicos.
En consideración de Castaño, al no cumplirse los acuerdos con las comunidades indígenas y los campesinos de la región en donde se construyen las obras de infraestructura para explotar hidrocarburos se está haciendo un grave daño al tejido social y ancestral, por eso anunció que seguirá trabajando en el tema.
