La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a los presidentes de los concejos municipales de Uribe, Restrepo, Puerto Lleras, Granada, El Dorado, Lejanías, El Castillo, El Calvario, La Macarena y Acacias en el departamento del Meta, y Gachantiva y Chitaraque en el departamento de Boyacá, por presuntas irregularidades en los concursos de elección de personeros.
Se trata de Milton Harbey Barbosa, Adriana Paola peña Guevara, Yamit Quintero Cañadulce, Luis Alberto Montilla Camacho, Nubia Silva Silva, Julián Diaz Amezquita, Luis Dainer Cruz Cardozo, Javier Ernesto Alferez Parrado, Oscar Yecid Chacón, Jose Ignacio Serrato Cortes, Querubin Rodrigo Pinilla Reyes y Martha Priscila Niño Urrea.
Además, el ente de control solicitó a las 12 mesas directivas de los concejos suspender el proceso de selección, hasta que exista claridad sobre la experiencia con la que cuenta la empresa Solución Planificada Grupo Empresarial Solidario para adelantar los concursos.
El pasado 6 de diciembre el Ministerio Publico, como parte de la vigilancia que adelanta a la elección de 1.102 personeros en el país, solicitó a los 12 concejos de Meta y Boyacá información sobre los criterios que tuvieron en cuenta para determinar la idoneidad de la empresa seleccionada, y si la experiencia certificada era proporcional y adecuada con el objeto del convenio y la verificada por esas corporaciones.
Solución Planificada Grupo Empresarial Solidario al parecer no contaría con la idoneidad, experiencia y capacidad para ejecutar el objeto del convenio firmado con cada uno de los 12 concejos municipales, que incluía la elaboración y practica de pruebas de conocimientos y de competencias laborales.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social – RUES – la firma reporta entre sus actividades contratos de fumigación y desratización, actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales y recolección de desechos peligrosos.
Los presidentes de los 10 concejos municipales de Meta y dos de Boyacá podrían haber desconocido los principios de la contratación estatal, al contratar con una empresa que presuntamente carecía de capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar y cumplir con las obligaciones pactadas.
La PGN decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
La investigación busca determinar si la conducta de los implicados es constitutiva o no de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido y su responsabilidad disciplinaria, conforme lo dispone el artículo 153 de la Ley 734 de 2002.
