La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la alcaldesa de Marialabaja, Bolívar, Raquel Victoria Sierra Cassiani, por perturbar “sin justificación, el servicio público esencial de educación” al no pagar la energía de un centro educativo del municipio.
De acuerdo a lo que encontró el Ministerio Público, “las obras de infraestructura de la institución educativa habrían sido entregadas por el Fondo de Adaptación, el 19 de diciembre de 2019, sin embargo, un año después, la funcionaria no habría adelantado las acciones pertinentes para que estas locaciones volvieran a ser ocupadas por los estudiantes del plantel”.
El ente de control hace referencia a la Institución Educativa de Correa a la durante ese tiempo no se le pagó el servicio de energía “o en su defecto suscribir un acuerdo de pago con Electricaribe”, a la liquidada empresa que en su momento (1 de enero y el 4 de diciembre de 2020) prestaba el servicio.
Para el ente de control la mandataria pudo vulnerar los principios de responsabilidad y eficacia, pues, en virtud del cargo que desempeñaba, le correspondía cumplir con lo dispuesto en el acta de entrega de bienes y/o servicios obtenidos como producto de la ejecución del contrato mediante la cual el municipio se obligó a poner en funcionamiento el colegio.
En esta etapa procesal, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena calificó la conducta de Sierra Cassiani como grave, cometida a título de culpa gravísima. La investigada podrá rendir su versión de los hechos, presentar descargos y solicitar pruebas, en la etapa de juzgamiento.
