Cuando muchos (incluido quien escribe) teníamos en los elementos indiciarios a Carlos Caicedo como potencial determinador de los homicidios de la unimagdalena, hace 4 años esa hipótesis cayó por completo.
Nuevos actores develaron que detrás de toda esa trama había un plan orquestado para cubrir una serie de homicidios de estado, incluidos los de la unimagdalena, y aprovechar los mismos para detener a Carlos Caicedo en su carrera política para luego asesinarlo y con él sepultar la investigación que revelara quienes son los verdaderos determinadores de estos crímenes.
El vínculo con el que se conectó a Caicedo Omar con las muertes de Otero, Morelli y Maduro estuvo centrado en una supuesta entrega de una lista derivada de unos supuestos acuerdos entre éste y los «paras» celebrada en el conjunto residencial bavaria reservado a instancia del exparlamentario Alfonso Campo.
Hipótesis que se mantuvo como eje de la investigación y que se desmoronó cuando se precisó que la famosa lista había sido el resultado de una labor de inteligencia de agentes del estado (Ejército, Policía y DAS) entregada a los «paras» para que éstos ajusticiaran a las personas que ahí figuraban bajo el rótulo de pertenecer a la izquierda/guerrilla. Dentro de ellos Carlos Caicedo Omar.
Así mismo también se pudo cronológicamente precisar que cuando la reunión a la que fue sometido Caicedo Omar cumplir en el conjunto residencial bavaria reservado con los «paras», que presuntamente derivaría en un acuerdo, tanto el decano, el vicerrector y el estudiante ya habían sido asesinados. Y dos días antes de dicha reunión el mismo Caicedo Omar se había librado de haber sido asesinado en el centro comercial plazuela 23 a manos de “Yoyo” Rojas, hecho que éste ha confirmado en diversos escenarios.
Circunstancias éstas que en esencia fueron atendidas por la fiscal 190 de delitos contra los DDHH para concluir que en contra de Carlos Caicedo Omar no se halló un sólo indicio que lo vinculara con los homicidios de Julio Otero, Roque Morelli y Hugo Maduro al resolverle situación jurídica el 30 de enero de 2019. Razón por la cual se abstuvo de proferir medida de aseguramiento y en cambio impuso unas medidas restrictiva de la libertad que posteriormente fueron tumbadas en segunda instancia.
Este hecho judicial dio fuego y empoderó a Carlos Caicedo políticamente. Una vez más quedaba demostrado que Carlos Caicedo era víctima de una nueva celada criminal para acabarlo política y personalmente. Lo que además lo convirtió en una amenaza para sus enemigos políticos como sucedió en el 2011, cuando se sentenció su inocencia luego de cinco años privado de su libertad y llegó a la alcaldía con un triunfo histórico.
Es ahí cuando el Clan Cotes, bajo el liderazgo del narcotraficante Álvaro Cotes Vives, decide jugársela pagando falsos testigos cuyos falsos testimonios permitieran construir una causa indiciaria mínima que justifique la imposición de una medida de aseguramiento y quitarlo del camino. Sin importar que 5 o 10 años después Caicedo demostrara su inocencia. De acá a allá ya estaría destruido políticamente, han afirmado los aliados del Clan Cotes en esta empresa.
Pero la empresa criminal de enlodar a Carlos Caicedo sufrió dos traspiés. El primero cuando José Gregorio Rojas denunció ante la fiscalía haber sido objeto de sobornos para declarar contra Caicedo y segundo cuando Adán Rojas a nombre suyo y de su hermano denunciaron ante los magistrados de justicia y paz no sólo haber sido objeto de un soborno sino el haber recibido el pago de 100 millones de pesos y haber grabado y recogido las pruebas de cómo estaban siendo instruidos por abogados y fiscales pagos para incriminar falsamente a Caicedo Omar con estos crímenes.
Hechos éstos que no solo quedaron consignados como denuncia en la diligencia pertinente de justicia y paz sino en la sentencia aprobada mediante Acta 022 en el proceso radicado 08-001-22-52-002-2013-80003 con la que se profirió sentencia condenatoria contra los postulados Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, José Del Carmen Gelves Albarracín, Norberto Quiroga Poveda, Daniel Eduardo Giraldo Contreras, Carmen Rincón, José Daniel Mora López, Afranio Manuel Reyes Martínez y Eduardo Enrique Vengoechea Mola previa acusación de la fiscalía 9 nacional especializada de justicia transicional de fecha 18 de diciembre de 2018. Sentencia que hoy está en firme.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla concluyó, en cuanto a la situación de Carlos Caicedo, que «mentir en la justicia transicional es mucho más perjudicial porque están de por medio las víctimas del conflicto armado, se ataca directamente a uno de los pilares fundamentales del proceso como lo es el principio de verdad y de paso se afecta no solo a la construcción del contexto sino la memoria histórica y ello se debe evitar a todas luces por los organismos de control encargados de llevar a buen puerto las investigaciones; el caso del señor CAICEDO OMAR es un claro ejemplo de ello, testimonios encontrados de manera distinta en los postulados a la ley de justicia y paz, dan paso a la existencia de la duda razonable, que como se dijo anteriormente convierte en victima a la persona denunciada, le permite la exoneración total de responsabilidad tanto en el proceso transicional o en la investigaciones que pueda adelantar la justicia permanente; (…)».
Por su parte, ante la justicia ordinaria el caso de Carlos Caicedo volvió a cambiar de radicación. Esta vez por cuenta de su nueva condición de aforado desde que tomó posesión en el cargo de Gobernador del Magdalena. Por lo que la fiscal 190 de delitos contra los DDHH perdió total competencia para continuar dicha investigación debiendo pasar la misma a fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia quienes deben darle ahora impulso a esa investigación en el estado en que quedó hasta el 31 de diciembre de 2019.
No así la situación del narcotraficante Álvaro Cotes Vives quien por orden la sentencia proferida por la sala de justicia y paz debe ser investigado por la justicia ordinaria conforme quedó consignado en dicho fallo.
Para el Clan Cotes y sus aliados políticos y del empresariado, la única opción que tienen, frente a este caso, es meterles plata a falsos testigos y apostar a que la Fiscalía General de la Nación haga su “jugadita juridicopolitica”. La apuesta es detener a Carlos Caicedo y hacerle el quite a las investigaciones nacidas con las denuncias de los sobornos que hoy pesan en contra de ellos.
