Con el nombramiento de Fabio Aristizábal Ángel, la Superintendencia Nacional de Salud seguirá al servicio de las mafias y los herederos del paramilitarismo regresarán por el botín de la salud.
Los antecedentes del nuevo Superintendente hacen de las palabras del presidente Duque en la cumbre de gobernadores de Mompox, del pasado 7 de septiembre, unas monedas de cuero: ¡falsas! Aristizabal fue el consejero mayor que tuvo el expresidente Uribe Vélez para entregarle el sector salud a los paramilitares «desmovilizados». En la costa Caribe la salud (y el chance) se la entregaron a Los Gatos, Mancuso y «Jorge 40» en alianza con los partidos que eligieron a Uribe. El presidente Duque dijo:
«Tenemos una Superintendencia con los colmillos bien afilados y le vamos a dar las herramientas legales para que empiece a imponer multas y sanciones ejemplares a los actores públicos y privados que estén desangrando el sistema de salud».
Pero este anuncio presidencial cae en el vacío. ¿Por qué? Porque los herederos del paramilitarismo regresaron por el botín de la salud.
La historia
Con el ascenso del paramilitarismo (escuadrones de la muerte) y el recrudecimiento del conflicto armado colombiano con la guerrilla (1988—1998) y la consolidación del poder paramilitar (1999—2010) que se inició con el triunfo del presidente Andrés Pastrana y su frustrado proceso de paz con las FARC, y luego los dos períodos del presidente Uribe, los dos sectores más apetecidos por el «nuevo poder» fueron la salud y la educación públicas. A raíz del artículo de investigación 〈La Supersalud le entregó la Ese de Magangué a «Los gatos» que la administran desde la cárcel I.〉 se puede comprobar que sus herederos siguen en el mismo negocio, especialmente con la salud.
La anterior aseveración tiene asideros fácticos fácilmente de corroborar. Primero, el informe de investigación recientemente publicado demuestra que la salud en Magangué volvió a Los gatos, grupo vinculado al paramilitarismo, tal como lo aceptó el propio Jorge Luis Alfonso López al solicitarle a la Justicia Especial de Paz (JEP) que lo someta a esa jurisdicción. La familia Alfonso López hacía parte de la estructura paramilitar y el negocio del chance y otras actividades de la salud y la educación capturadas por Enilse López Romero y Jorge Luis Alfonso las pusieron al servicio del lavado de activos del paramilitarismo dirigido por Salvatores Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40»). Cuando estos dos pelearon, Enilse López se alió a Mancuso, quien a su vez dirigió las actividades del sanguinario «Cadena», «Juancho Dique» y «Vecino», los jefes paramilitares de los Montes de María y el Canal del Dique. Todo esto está debidamente documentado en los procesos y sentencias condenatorias de Justicia y Paz.
En el 2015, el presidente Juan Manuel Santos (2011—2018), aceptó que los paramilitares se quedaron con más de $530 mil millones de la salud entre 2002 y 2010, período que coincide con el gobierno de Álvaro Uribe. Pero esa cifra solo es el iceberg de un fenómeno mayúsculo, ya que el paramilitarismo no ejecutaba el objeto del contrato ni tampoco le pagaba a las Ips que sí realmente prestaban el servicio.
La demanda de $85 millones contra la Supersalud
El Tribunal Superior de Barranquilla está a punto de fallar, en segunda instancia, una demanda ejecutiva por $85 mil millones contra la Supersalud, porque omitió su deber de obligar a que las 7 Eps —intervenidas y liquidadas por esa entidad entre 2014 y 2016— les pagarán a 39 ips de Bogotá, Barranquilla, Cali, Valledupar, Santa Marta y Bucaramanga. Tomando en cuenta que el 75% de los casos de dicha deuda la contrajeron los agentes interventores, el fallo de primera instancia del juez civil del circuito de Barranquilla, Libardo León López, dice:
“La Superintendencia de Salud es la entidad encargada de habilitar, delegar y autorizar mediante resoluciones administrativas a los representantes legales de las EPS para la administración de los recursos de la salud y es así como estas EPS, por mandato de las normas y de las leyes incorporadas en dichas resoluciones, acatan lo ordenado y contratan la prestación de servicios médicos con las múltiples IPS para la atención de los usuarios (…) Queda claro que entre la Nación (Superintendencia de Salud) y la EPS se genera un vínculo de responsabilidad permanente entre el delegante y el delegado” .
O sea, como la responsabilidad de prestar el servicio de salud es del Estado y éste la delega a las EPS, en tanto que la Supersalud está obligada a hacer que ellas le paguen a las Ips y tomando en cuenta que el negocio en su mayoría lo hicieron sus agentes interventores, no puede predicarse que sea un negocio entre particulares y, por tanto, sea un fallo exótico. Cuando la Supersalud interviene una Eps debe asumir el pago de las acreencias.
Ahora, la pregunta es, ¿para dónde se fueron esos $85 millones que las Eps liquidadas no pagaron a las Ips? El Sistema General de Participación—SGP le giró ese dinero a las Eps pero éstas no hicieron el correspondiente pago a la red hospitalaria. ¿Si la deuda contraída por las EPSs, IPSs y ESEs, cuyo dinero fue girado según la plataforma Adres para prestar un servicio en específico, ¿por qué no la pagaron? ¿dónde está ese dinero?
Esto no se hace solo y los que conducen el barco deben saber para dónde va. Si en el informe de investigación divulgado se demuestra que Jorge Luis Alfonso López tiene ingerencia total, ¿quienes son sus cómplices? ¿quién promovió desde la Supersalud su intervención? ¿qué papel jugó el Superintendente Especial para las Intervenciones? Dicho de otro modo, un presidiario no puede dirigir una empresa como la ESE de Magangué si no tiene cómplices en la Superintendencia de Salud y en la misma entidad prestadora del servicio.
Cambiarían las cosas con el nuevo Superintendente?
El nombramiento del nuevo Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, propondría un cambio de actuación de esa entidad de vigilancia y control, pero los antecedentes nos indican que el problema se va a profundizar. ¿Por qué? Sencillo, Aristizábal era el asesor número 1 que el presidente Álvaro Uribe Vélez tenía para el sector salud. ¿Y qué pasó durante esa asesoría? Los paramilitares se quedaron comprobadamente con $530 mil millones de la salud de los más pobres, según el informe sobre la salud que el gobierno de Santos presentó al iniciar su segundo mandato? O sea, que los herederos del paramilitarismo regresaron para quedarse con botín de la salud.
¿Quién vigila al vigilador? La prensa debe jugar un papel fundamental en el control social, ya que entidades como la Supersalud seguirán en manos de la mafia colombiana.
¿Por qué la Supersalud se convirtió en instrumento de los criminales? Porque desde la repartición burocrática central a cada quien «le dan lo suyo», y como en el congreso y en el poder ejecutivo están los herederos del paramilitarismo, éstos exigen lo que sus antecesores disfrutaron, los recursos de la salud y la educación. ¿Y por qué lo hacen? Porque es un dinero que viene como por un tubo: directo. Ellos simplemente esperan en la boca del tubo con sus fauces abiertas como el caimán en boca de caño.
La Ese Río Grande de la Magdalena y la Divina Misericordia eran de Los Gatos desde que Jorge Luis Alfonso asumió su alcaldía (2004) hasta cuando llegó el alcalde Marcelo Torres(2012—2015) donde ganó el concurso para gerente del hospital local Wilder Lagares Gulloso, quien fue reelegido al iniciar el período Pedro Alí Alí. Mientras Enilse López manejaba el hospital San Juan de Dios (posteriormente Divina Misericordia), su hijo puso en 2004 a su amigo Antonio Correa (exsenador) como gerente de la Ese. ¿Por qué Los gatos recurrieron a la Supersalud para recuperar a la Ese de Magangué? La razón es clara: Pedro Alí había hecho un acuerdo político para que Lagares continuara en el cargo, puesto que Lady Polo, concejal y amiga de Lagares, había votado por Pedro Alí. O sea, era una deuda electoral. En tanto que Lagares se convirtió en su propio jefe, y esto le dio mucho poder en la Ese, hasta el punto que Los Gatos querían tumbarlo.
Y lo consiguieron. Después de que el Ministerio de Salud —a través de la Resolución 1893 del 29 de Mayo de 2015— ubicó a la Ese Río Grande de la Magdalena encabezando el «ranking» de las Eses sostenibles financieramente en Bolívar, al año siguiente después que Antonio Correa toma fuerza al interior de la Supersalud, se produce la sorpresiva intervención. ¿Raro?
Regresaron por el botín de la salud
Que los herederos del paramilitarismo regresaron para quedarse con el botín de la salud no es una especulación periodística. Magangué no es el único caso emblemático. Sigue la misma película en Soledad Atlántico, en Córdoba, Mgdalena y muchos municipios de Bolívar. Incluso, las mafias crearon sus propias Eps. Uno de estos casos es la Eps indígena Manexka, que en su primera etapa fue gerenciada por el médico de ascendencia indígena Pedro Pestana Rojas, quien fue condenado por paramilitarismo. Sus aliados en Sucre eran ‘Cadena’ y ‘Diego Vecino’ a donde desvió aproximadamente $150 mil millones de la salud. Pestana logró su libertad el año pasado mediante un parapeto judicial. Su hermana Yamina del Carmen Pestana Rojas fue elegida senadora con 85 mil votos por el partido Conservador. Ella es administradora de empresas con especialización en administración en salud. ¿Para qué servirá a la senadora saber administrar la salud? ¿Ironía?
El condenado jefe paramilitar y lugarteniente de «Jorge 40», Édgar Ignacio Fierro, «don Antonio» admitió —en el proceso de Justicia y Paz— que el Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, fue «la caja menor» de los paramilitares de . En el proceso se demostró que el amo y señor de ese hospital era el paramilitarismo de «Jorge 40». «Don Antonio»dijo:
«… (Jorge 40) determinaba los nombramientos y los suministros de medicamentos. El dinero era usado, entre otras cosas, para pagar los sueldos de los paramilitares. En los computadores que se le incautaron quedó la evidencia de cómo influía por la vía armada en contratos de otros hospitales y EPS del Atlántico, Magdalena y Bolívar».
Igualmente en Córdoba, Mancuso puso a Manuel Troncoso, su cuñado, como secretario de Salud en la gobernación de Libardo López Cabrales (2003-2007), de acuerdo a la sentencia condenatoria contra los jefes de ese movimiento político que hicieron el acuerdo político con las Auc y Troncoso. Este último se acogió sentencia anticipada. El dinero fue a parar a los bolsillos del «Mono» Mancuso.
El presidente Duque dijo que «la Superintendencia tendrá colmillos». Tiene razón, pero serán los colmillos de los herederos del paramilitarismo que regresaron por el botín de la salud.
