Responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, por $31.261 millones imputó la Contraloría General de la República a 8 directivos de Bionergy Zona Franca S.A.S, -firma filial de Ecopetrol, en trámite de liquidación-, por la pérdida de recursos en esa empresa.
Los imputados son: Aleck Remberto Santamaría De la Cruz (gerente general de Bioenergy Zona Franca S.A.S.), Juan Carlos Roa Márquez; María Elena Velásquez Restrepo; Juan Felipe Munera Yepes, Alexander Cadena Motezuma, Henry Echeverri Campuzano, María Cristina Cortés Arango y Claudia Castellanos Rodríguez.
Esto debido a la firma del contrato de suministro de caña de azúcar ZF No. 0011-10 de noviembre de 2010, celebrado con la empresa Riopaila Castilla S.A., para el suministro de 300.000 toneladas de caña al año, por el término de 22 años, el cual iniciaría tres meses después de la puesta en marcha de la planta industrial para la producción de etanol “El Alcaraván”, situada en Puerto López (Meta).
Mediante Contrato ZF No. 050-10 de junio de 2010, con la empresa española Isolux Ingeniería S.A., fue contratada la construcción de esta planta industrial, con un plazo de 22 meses la cual empezaría a funcionar en abril o mayo de 2012; y para el suministro de la caña de azúcar se celebró el contrato antes mencionado.
Sin embargo, el 8 de abril de 2014, Bioenergy Zona Franca S.A.S., terminó el contrato ZF No. 050-10 con Isolux y para continuar con la ejecución del proyecto en su componente industrial, suscribió el 18 de julio de 2014 el contrato ZF No. 0010 -14 con el Consorcio Menegua, con un plazo de 14 meses, que tampoco cumplió, al celebrar 15 otrosíes.
La planta industrial, finalmente inició sus operaciones el 14 de julio de 2017, lo que afectó el componente agrícola, debido a que no pudieron recibir la caña de azúcar contratada con Riopaila Castilla S.A.
Los atrasos generaron un daño patrimonial al Estado por la pérdida de los recursos públicos entregados al proveedor, por concepto de reconocimientos e indemnizaciones que se concedieron a través de la celebración de los otrosíes números 1 y 2, en cuantía de $24.223.527.390, y la disposición de 114,498 toneladas de caña al suelo, recibidas entre el 15 de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, las cuales no fueron usadas en la producción de etanol, sino tiradas al suelo para utilizarlas como capa vegetal, y cuyo valor alcanzaba los $9.121.202.800,25.
El órgano de control imputó por culpa grave al gerente general de Bioenergy y a su Junta Directiva, para la época de los hechos, por la pérdida de los recursos públicos al no hacer efectivas las cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito, así como la de revisión por circunstancias imprevistas, pactadas en el contrato de suministro de caña de azúcar ZF No. 0011-10, acciones que debió tomar ante la demora en la entrada en funcionamiento de la planta industrial para el procesamiento de la caña.
Adicionalmente, los directivos suscribieron otrosíes que aumentaron el suministro de la caña de 300.000 a 500.000 toneladas, beneficiando en todo momento al proveedor por un producto que no entregó o no se utilizó para el fin contratado, conociendo de antemano, la demora en la entrada en operación de la planta “El Alcaraván”.
