La Unidad de Restitución de Tierras (URT) interpuso ante la justicia una demanda colectiva que busca amparar los derechos de 25 familias sobre el mismo número de predios ubicados en Corozal, Sucre. Esta se constituye como la primera solicitud de tierras abandonadas forzosamente por campesinos en el municipio sucreño.
Los inmuebles, ubicados en el corregimiento San José de Pileta, se desprenden de un predio de mayor extensión denominado Guaypi, que fue adjudicado en 1982 por el extinto Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, a unas 30 familias campesinas.
Aunque la entidad, en su momento, formalizó las tierras de manera individual, los campesinos las explotaron mediante el trabajo organizado en comunidad, lo que les permitió constituir una cooperativa a la que llamaron Empresa San José de Pileta.
Según los fundamentos de hecho de la demanda, el proyecto productivo comunitario se frustró en los años 90 cuando las familias empezaron a sufrir el hostigamiento constante por parte grupos armados ilegales que cometieron robos, amenazas y abigeato en la zona. Debido al asesinato de varios campesinos del corregimiento abandonaron sus tierras y, posteriormente, decidieron venderlas para cubrir sus necesidades luego del desplazamiento forzado.
Las pretensiones que la Unidad presenta ante la justicia a favor de las víctimas no solo le apuntan a la restitución material y jurídica de los 25 predios, sino a la reparación integral y diferencial de las familias y al goce efectivo de sus derechos en condiciones de dignidad y seguridad.
Según el director territorial en Bolívar y Sucre, Mauricio Martínez Rivillas, “con esta demanda queremos reparar a cada familia y restablecer esos lazos de solidaridad productiva que tuvieron en su momento, ahora ya se trata de adultos mayores y sus hijos que quieren recuperar esta tierra y recuperar la producción de alimentos y lácteos, para el beneficio no sólo del proyecto colectivo sino para impactar en una región que encuentra en el desarrollo del campo una alternativa para la vida digna”.
Con esta acción la Unidad solicita a los operadores judiciales proferir órdenes que puedan alinear la oferta estatal a favor de las víctimas, así como proyectos productivos para su restablecimiento económico, el alivio y condonación de pasivos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.
