Cuando se anuncia un proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, lo que debería ocasionar en las comunidades asentadas en este espacio debería ser sentimientos de mucha alegría y esperanza; lamentablemente no es así; hoy estas comunidades lo que sienten es un profundo miedo al darse cuenta que lo que viene con el proyecto para ellas, es otro proceso de despojo territorial
El Gobierno de Iván Duque Márquez, en cabeza de su Vicepresidenta, Marta Lucia Ramírez, lideran la Maga obra “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, así se llama el proyecto que con bombos y platillos se anuncia en foros, conversatorios, seminarios y entrevistas a nivel nacional; es válido destacar la importancia, y necesidad del proyecto, resaltando que su objeto contempla el control de las inundaciones para que no se repitan los acontecimientos del año 2010, fecha en que todo el Caribe se inundó por las altas precipitaciones de aquel fenómeno climático.
El citado proyecto promete evitar la instrucción de la cuña salina, y lograr la redistribución de las aguas en las diferentes ciénagas que existen a su alrededor,
Visto así, el proyecto pareciera la construcción de la octava maravilla del mundo, aunque en la práctica se reduzca a un par de obras que se sintetizan en la construcción de una exclusa en Calamar Bolívar, y el cierre definitivo en Puerto Badel, sumado a lo anterior, se construirán varios canales de interconexión entre las ciénagas ubicadas a lado y lado del sistema hídrico “Canal del Dique”. De igual manera, se construirán muros de contención para el control de inundaciones en aquellos municipios que serán gravemente impactados por el proyecto.
Tal como se plantea la majestuosa obra, en principio, pareciera que fuera a resolver los problemas de inundaciones que año tras año causan graves estragos en los municipios ribereños de un país donde no existe una política pública de aprovechamiento del agua que se desperdicia por las lluvias.
sin embargo un estudio minucioso de “el Plan Hidrosedimentologico”, muestra que las obras que se contemplan, recorren varios municipios, al realizar la cartografía social con las comunidades afrodescendientes de pescadores y campesinas que han habitado por más de dos siglos en las orillas de las ciénagas que bordean este afluente, sin temor a equivocarme puedo afirmar que a pesar de la importancia y necesidad de la “mega obra”, no es tan bondadosa como la pintan, “nos están metiendo gato por liebre”.
Si algo está claro, es que una de las excusas del proyecto consiste en proteger a la Bahia de Cartagena, sus corales, y para lograrlo, construirán la exclusa en Puerto Badel, reducirán las curvas, duplicaran el caudal, lo que hará que el sistema sea menos lento, y desviaran todo el cauce que antes terminada en la bahía de Cartagena, hacia caño Correa, caño Rico, y la bahía de Barbacoa, con graves repercusiones en la comunidad negra, olvidada de Bocacerrada en San Onofre Sucre.
Es decir, todas las aguas dulces y la gran carga sedimentaria que antes desembocaban en Cartagena, serán direccionadas hacia el Golfo de Morrosquillo, donde las autoridades territoriales, comunitarias, el ministerio público y las organizaciones de pescadores apenas están enterándose de los graves impactos que va a causar el diseño de esta colosal obra que en pocos años seguramente podría opacar el colorido, la belleza y majestuosidad de las playas y ecosistemas del Morrosquillo.
La gran preocupación de las comunidades radica en la falsedad del nombre del proyecto, porque no contempla la restauración o recuperación activa de ninguna de las ciénagas sedimentadas, a las cuales se les sumara una gran descarga de agua y sedimentos cuando se inaugure la obra.
Lo que el proyecto si tiene previsto es la redistribución por inundación de todas las aguas del Canal del Dique, en las diferentes ciénagas que están a su alrededor.
Las comunidades que han sido excluidas de la consulta previa apoyadas por expertos en materia ambiental e hidráulica, documentaron su caso y en el proceso de cartografía social, concluyeron que la redistribución de agua y sedimento, más allá de los controles que se hagan en Calamar, constituye una gran amenaza para su proyecto de vida.
Así mismo estas obras, anuncian una seria de impactos previsibles entre los que se avizoran; alteración de los ecosistemas; inundaciones de las comunidades; destrucción y perdidas de viviendas; devaluación de bienes inmuebles; inundaciones de todos los baldíos; migración y extinción de fauna silvestre; perdida de bosques secos, y manglares; alteración de los Parques naturales, Santuario Fauna y Flora Mono Hernández y Corales del Rosario; disminución y perdida de producción agrícola; sedimentación de las ciénagas; restricciones en la navegabilidad; ruptura de la cohesión social y comunitaria; disminución de la actividad comercial.
El efecto en las comunidades será: incrementos de los índices de pobrezas y contaminación ambiental por el aumento del tráfico en el rio., impactos que afectaran de manera directa a más de 30 comunidades ribereñas focalizadas que hicieron parte del censo pesquero elaborado por el Plan de Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas Pomcas.
El proceso de supuesta consulta previa realizada sobre este proyecto ha dejado en evidencia que en aquellos Consejo Comunitarios donde la gobernanza comunitaria es frágil, donde no hay sentido de pertenencia, donde los lideres no tienen la menor idea del contenido en la ley 70 y sus decretos reglamentarios y donde los asesores pretenden resolver su proyecto de vida cabalgando en las espaldas de la comunidad, “la consulta previa en nada ayuda a la protección de las comunidades, del territorio, ni mucho menos de la diversidad y riquezas naturales y culturales”.
A esa conclusión he llegado después de constatar las irregularidades en varios procesos consultivos de este proyecto que dispone de una “chequera siniestra” sin ningún control, y sin límite que acordó con la mayoría de las juntas comunitarias pagar por rutas metodológicas, la suma de $ 500.000.000 de pesos, valores que han sido dilapidados bajo artimañas engañosas entre asesores, miembros de las comunidades y presuntamente representantes de la ANI. Tal fue el caso de la comunidad de Bocacerrada en la cual los asesores le cobraron trescientos cincuenta millones $ (350.000.000) de pesos en tan solo 100 minutos distribuidos en tres reuniones presididas por la fundación Rhizophora DHL.
Tan grave como fue el atraco del que han sido víctimas las comunidades del Canal del Dique, ha resultado el hecho de negar el derecho a la participación con conocimiento informado y consentimiento de los miembros de las asambleas a quienes se les ha impedido opinar sobre un proyecto que les arrebatara se principal activo económico, cultural y ambiental. Este comportamiento de acción con daño, también se repite en Puerto Badel y Lomas de Matunilla.
Las preocupaciones en las comunidades no cesan, la incertidumbre está al orden del día, y no es para menos, mientras las juntas comunitarias, y sus asesores hacen reuniones a puertas cerradas, en los patios y moteles del sector, donde se reparte la marrana, Martha Lucia Ramírez, se pasea por toda la región como ama y señora promocionado su proyecto bandera cuyo fin último es el “despojo y la privatización del Canal del Dique”, aquella herencia que nos dejaron los indígenas y negros que lo canalizaron en los 1650.
