La elección de personeros en por lo menos 37 municipios del país se encuentra embolatada por presuntas irregularidades en los procesos, razón que llevó al Ministerio Público a advertir demandas en 12 de los elegidos. Evidencias recopiladas por el Ministerio Público dan cuenta que, al parecer, en la selección de aspirantes se cometieron errores en calificaciones de entrevistas, hubo operadores faltos de experiencia y fallas logísticas, entre otras anomalías.
En estos hechos se encuentra seriamente comprometida la Universidad Popular del Cesar -UPC-, entidad que fungió como operador y realizador de varios de estos procesos, los mismos por los que ahora se encuentra en problemas ya que muchos de los que firmaron como representantes de la institución en las pruebas de conocimiento no tenían potestad para ello.
Preocupada por esta situación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, solicitó a los concejos municipales, en su autonomía, que no elijan a otros 25 personeros más, cuya selección adelantó la misma entidad universitaria. En las indagaciones hechas por del ente de control no se encontraron carpetas y en otras la documentación no era concisa; tampoco se tenía planeación de la logística ni la destinación de un presupuesto claro, ni mucho menos una capacidad humana para llevar a cabo los procesos.
Altamira – Huila; Santa María – Boyacá; Floresta – Boyacá, son algunas poblaciones en las que se demandará el proceso. Lo mismo sucede con Tibú y Hacarí, en Norte de Santander; Usiacurí (Atlántico), Salamina, Concordia, (Magdalena); Galeras, Corozal, (Sucre), Chiscas, Chiquiza, Otanche (Boyacá), entre otros.
