El fallo fue apelado por los exfuncionarios sancionados.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 11 años al exalcalde de Sincelejo, Jairo Alfredo Fernández Quessep (2012 – 2015), por irregularidades en la firma de un contrato de prestación de servicios por más de $662 millones.
En el mismo fallo de primera instancia fue sancionada con destitución e inhabilidad de 12 años la exsecretaria de Educación y Cultura del municipio, Ila Paola Ruiz Álvarez (2013 – 2015).
En la investigación disciplinaria el Ministerio Público estableció que los funcionarios contrataron de manera directa la implementación de una plataforma digital para los colegios oficiales de la ciudad.
La procuraduría al respecto aclaro que lo procedente, en este caso, era abrir una convocatoria pública que permitiera la selección objetiva del contratista, más aún cuando en el mercado existían diversas empresas del sector informático que podían desarrollar el programa que requería la alcaldía.
En su fallo el Ministerio Público determino que el exalcalde y su exsecretaria de educación, con su actuación vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación pública, así como el de moralidad que rige la función administrativa.
Por esos hechos, el Ministerio público calificó la falta como gravísima, cometida a título de culpa gravísima.
