Por Luz Andrea Gómez B.
En estado de alerta puso la Procuraduría General de la Nación a Francisco Ovalle Angarita, gobernador del Cesar, al primer mandatario de los sucreños Edgar Martínez y al acalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía, para iniciar el proceso que le permita a los estudiantes tener disponible el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.
El Ministerio Público observa con preocupación estos casos que se presentan en la Región Caribe, ya que según informó el Ministerio de Educación Nacional, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio, y en algunos casos, ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación.
Desde el pasado mes de noviembre, la Procuraduría exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa.
En 2018, solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio.
El órgano de control adelanta más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.
El Ministerio Público vigilará la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar y adelantará las acciones necesarias dentro de su competencia para velar por la garantía de los derechos a la educación, la salud, la alimentación equilibrada de los más de 5 millones de niños, las niñas y los adolescentes beneficiarios del PAE.
