Luego de la devastación dejada por el huracán Iota y el anuncio de la reconstrucción de San Andrés y Providencia, la Procuraduría General de la Nación a través de la Resolución 0459 designó un funcionario para que revise de cerca el plan para la recuperación de estas zonas.
El objetivo es que le haga seguimiento a componentes ambientales y culturales, por lo que el procurador Fernando Carrillo Flórez designó para tal fin al delegado Joaquín Polo Montalvo.
A Polo Montalvo el procurador le encargó la labor de hacer un seguimiento preventivo al plan de emergencia que establezca el Gobierno nacional: “Velar por la articulación interinstitucional necesaria para lograr superar la emergencia, estimular y facilitar los espacios de diálogo con la población afectada por la tragedia y contribuir a la organización de los diversos canales de ayuda a los damnificados”.
Polo Montalvo, actual procurador Delegado para la Restitución de Tierras y quien contará con el apoyo de la Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se desplazó al territorio insular para conocer de primera mano la situación de los damnificados y apoyar, inicialmente, las labores de reconstrucción y puesta en operación de la sede del Ministerio Público en San Andrés.
La acción preventiva del Ministerio Público al plan de reconstrucción de San Andrés es vigilar que se incluyan medidas de protección al medio ambiente, y el respeto a la cultura, la educación y el territorio del pueblo raizal, que en todos los casos responda a una acción de dialogo permanente con las comunidades.
El seguimiento también se extenderá a que se garantice del derecho a la salud, no solo con la cobertura del servicio para los habitantes del archipiélago y la dotación permanente de medicamentos de primera necesidad, sino con la vigilancia en la construcción y dotación del hospital de segundo nivel de Providencia, la renovación de los equipos y mobiliario del Hospital Clarence Lynd Newball Memorial del de San Andrés y la puesta en funcionamiento de centros de salud para atender a cerca de 79.000 ciudadanos.
También solicitó la Procuraduría que las nuevas construcciones además de cumplir con las normas de sismorresistencia, también estén diseñadas para enfrentar el embate de los violentos del Caribe.
Insistirá en la solicitud que hizo en 2018 para que el archipiélago cuente con refugios que garanticen albergue a los ciudadanos, ante alertas por fenómenos climáticos como huracanas y/o tsunamis.
